La Comisión Europea considera que el gigante tecnológico vulneró la Ley de Mercados Digitales al favorecer sus propios servicios en Google Search y limitar a los desarrolladores de Google Play para ofrecer alternativas de compra fuera de la plataforma. Foto: EP.

Bruselas multa a Google con 890 millones por favorecer sus propios servicios y restringir la competencia

29 / 07 / 2026 05:44

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Google se ha vuelto a llevar un varapalo de la Comisión Europea (CE). En esta ocasión, el gigante tecnológico se ha llevado una multa de 890 millones de euros por incumplir la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act o DMA), la normativa europea diseñada para impedir que las grandes plataformas digitales utilicen su posición dominante para perjudicar a competidores o consumidores.

¿El motivo? El buscador ha otorgado un trato preferente a sus propios servicios especializados frente a otras opciones más baratas y, por otro lado, ha impedido a los desarrolladora comunicar libremente a sus usuarios la existencia de esas otras ofertas alternativas.

Por favorecer sus propios servicios Google deberá abonar 460 millones de euros y por restringir la capacidad de sus desarrolladores tendrá que pagar 430 millones.

Con esta sanción, Bruselas considera acreditado que la compañía ha infringido dos de las obligaciones esenciales impuestas a los denominados «guardianes de acceso» (o su término en inglés, gatekeepers), las grandes plataformas digitales cuyo peso en el mercado les obliga a cumplir reglas específicas para garantizar una competencia efectiva.

«Los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les digan dónde suscribirse a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no recibe un recorte. Esta es la promesa de la Ley de Mercados Digitales, que protege la equidad, la elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos», ha señalado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Google favoreció sus propios servicios en el buscador

La primera de las sanciones se refiere al funcionamiento de Google Search. Según la CE, el buscador otorgó un trato preferente a sus propios servicios especializados (como compras, hoteles, transporte o resultados deportivos) frente a los ofrecidos por empresas competidoras.

La investigación concluye que estos servicios aparecía en posición más visibles dentro de la página de resultados del buscador, normalmente en la parte superior, acompañados de imágenes, filtros u otros elementos que incrementaban su relevancia.

Y el resto de opciones no disfrutaba de esa visibilidad, siendo relevados a una segunda posición. Para Bruselas esta práctica vulnera la DMA, ya que obliga a los guardianes de accesos aplicar criterios transparentes, justos y no discriminatorios.

Pero Google no lo ha cumplido, por lo que la CE le ha impuesto una multa de 460 millones de euros.

Restricciones a los desarrolladores de Google Play

La segunda sanción se centra en Google Play, la tienda de aplicaciones del grupo.

La Comisión considera probado que Google impidió a los desarrolladores comunicar libremente a sus usuarios la existencia de ofertas alternativas, que solían ser más económicas, disponibles fuera de la plataforma, así como dirigirlos hacia sus propias páginas web o a otras tiendas de aplicaciones para completar las compras.

Aunque la normativa europea permite que Google cobre una comisión por facilitar la adquisición inicial de un cliente a través de Google Play, Bruselas concluye que tanto el importe de esas tarifas como el tiempo durante el que se exigían excedían lo permitido por la Ley de Mercados Digitales.

Por esta práctica denominada de «antidirección», la Comisión ha impuesto una segunda multa de 430 millones de euros.

Bruselas ordena el cese de ambas prácticas

Junto a las sanciones económicas, la Comisión ha ordenado a Google poner fin a ambas infracciones.

En concreto, deberá garantizar que los servicios de terceros aparezcan en los resultados de búsqueda en condiciones de igualdad respecto a los propios y permitir que los desarrolladores de aplicaciones puedan informar libremente a los usuarios sobre ofertas alternativas y formalizar contratos tanto dentro como fuera de Google Play, sin restricciones técnicas ni contractuales.

Google dispone de 60 días para ejecutar estas medidas. En caso contrario, se expone a multas coercitivas de hasta el 5 % de su volumen de negocios mundial.

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