El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite sendas querellas presentadas este mismo viernes por la Fiscalía Superior de Cataluña contra miembros de la Mesa del Parlament por la aprobación de la ley del referéndum y contra el Govern por el decreto de convocatoria del 1-O.
La Sala de Admisiones de la Sala Civil y Penal del TSJC ha estudiado ambas querellas este viernes por la tarde, según un comunicado del TSJC, y la reunión ha rondado las dos horas.
La querella registrada contra la presidenta del Parlament y cuatro miembros de la Mesa por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumula al procedimiento ya abierto contra la presidenta Carme Forcadell y miembros de la Mesa que ya instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.
Y la querella contra el presidente Carles Puigdemont y su Govern por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumula al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs y el entonces secretario de su departamento, Francesc Esteve, y que ya instruía la magistrada Mercedes Armas.
Así, la querella contra Forcadell y cuatro miembros de la Mesa la instruirá Alegret, y la querella contra el presidente Carles Puigdemont y otras doce personas la instruirá la magistrada Armas.
NOTIFICACIÓN EN «PRÓXIMOS DÍAS HÁBILES»
Las resoluciones que recogen los términos de los acuerdos de la reunión del TSJC «se notificarán en los próximos días hábiles», ha informado el tribunal.
El TSJC ha recibido este mismo viernes las dos querellas, que han sido registradas y repartidas a sendos ponentes, los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos.
La Sala de admisiones del TSJC no ha entrado a valorar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en su querella, ya que quien deberá hacerlo será el magistrado instructor en base a las resoluciones donde se recogen los acuerdos alcanzados en la reunión de la sala de admisiones.
La Fiscalía solicitaba las medidas cautelares que se estimen pertinentes «para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados», incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije. (EP)
