El portavoz de En Marea, Luis Villares, de 39 años, expresó nuevamente el apoyo de la formación rupturista al referéndum catalán y cargó contra el PP, al que acusó de «impedir el ejercicio de la democracia».
«Lo de ayer [por el miércoles] es un intento por parte de la ciudadanía de buscar una forma de expresarse públicamente por medio de un referéndum», apostilló, según publica El Correo Gallego en su edición del viernes.
Villarés es magistrado en servicios especiales -una situación similar a la de la excedencia pero con la diferencia de que a efectos de carrera el tiempo que pase en política le contará como un periodo efectivo, como si hubiera permanecido en la judicatura, a efectos de antigüedad y de destino-; estuvo destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Además, fue portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia en Galicia antes de dar el salto a la política.
Villares, quien fue preguntado sobre el proceso catalán en un acto celebrado el jueves en Burela (Lugo), salió en defensa del derecho a decidir en Cataluña sobre el «modelo de convivencia», aunque matizó que hubiese preferido que el referéndum «fuese pactado» entre la Generalitat y el Gobierno central.
Así, cree que «dentro de la Constitución existe margen» para organizar una consulta sobre la independencia de Cataluña «de forma legal» pero que, a su juicio, la Generalitat catalana se ha visto obligada a iniciar el proceso de ruptura «por la cerrazón del PP».
«El problema es que el PP está impidiendo el ejercicio de la democracia, algo tan esencial como recabar la opinión de la gente sobre un tema que les interesa», comentó, para luego criticar las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que indicó que la jornada vivida el miércoles en el Parlament catalán le provocó «vergüenza democrática».
En este sentido, Villares calificó de «desafortunadas» las palabras de la número dos del Ejecutivo español y le recordó que una «vergüenza democrática» fue «modificar el artículo 135 de la Constitución», «financiar el PP ilegalmente» o «apartar a fiscales y jueces».
«Eso es una vergüenza», concluyó.
Ante la posibilidad de que políticos catalanes sean sancionados por aprobar la ley de la consulta, el magistrado servicios especiales indicó que «no puede haber amenazas de cárcel para quien única y exclusivamente quiere dar su opinión sobre un tema tan básico como reorganizar la convivencia socialmente».
Cuestionado sobre la división de opiniones respecto al proceso secesionista suscitado en el seno de Catalunya Sí Que Es Pot –confluencia similar a En Marea–, Villares manifestó que se trata de un tema «complejo» y que es «normal» que existan diferencias al «compaginar el derecho democrático esencial» con «querer hacerlo manteniendo los procedimientos legales».
