El 10 de noviembre próximo, un año y 10 días después de que comenzara, está previsto que llegue a su fin en la Audiencia Nacional el juicio de la primera época de la «trama Gürtel», denominada «Epoca I: 1999-2005», que ha sentado en el banquillo de los acusados al supuesto líder de la red, Francisco Correa, al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a otras 35 personas, y que ha tenido como punto de máxima atención la declaración que hizo en sala el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 26 de julio.
De acuerdo con la diligencia de ordenación elaborada por el letrado de la Administración de Justicia del caso y distribuida a todas las partes, se han fijado los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 6 31 del mes de octubre y los días 2, 3, 6, 7, 8 6 y 10 del mes de noviembre para la fase de informes, o conclusiones.
En dicha fase, la Fiscalía, las acusaciones particulares y populares y las defensas tendrán que ratificarse en sus peticiones o modificarlas.
Los 37 encausados -políticos, empresarios, trabajadores de Correa y familiares de éstos- están imputados por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás solicitaban, al comienzo del juicio, 125 años y un mes de prisión para Francisco Correa -la mayor petición- por considerarlo el cabecilla de la trama.
La segunda mayor pena que pide la Fiscalía, 85 años y 6 meses de cárcel, es la correspondiente al ‘número dos’ de la trama y exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo Saborits. En cuanto al extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas, las fiscales solicitan 42 años y 6 meses de prisión.
Entre los acusados, se encuentra el exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP de Madrid, Alberto López Viejo, para el que pidieron 46 años de cárcel y el denunciante del caso y ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas -que aportó 80 horas de grabaciones de conversaciones con Correa y otros acusados-, para el que se solicita 6 años y 5 meses de prisión.
Para estos tres últimos, las fiscales contemplaban la posibilidad de rebajarles las penas por las atenuantes de reparación del daño en relación a delitos contra la Hacienda Pública y por la de confesión, respectivamente.
