La Generalitat de Cataluña ha presentado este lunes un recurso contencioso para impedir la intervención de sus cuentas, pero, al no haber solicitado medidas cautelarísimas, el Tribunal Supremo no tendrá que pronunciarse en los próximos días, dispondrá de unas dos semanas.
El Gobierno central acordó el pasado viernes asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña, después de que la Generalitat se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum que quiere celebrar el 1 de octubre.
En respuesta a esta medida, el Govern ha presentado un recurso contencioso ante el Supremo, que según fuentes del Govern incluye una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, es decir, de medidas cautelares.
Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada –la Abogacía del Estado-, ese plazo es diez días.
Si el Govern de Carles Puigdemont hubiera solicitado una suspensión cautelarísima, el Supremo se habría visto obligado a resolver en un plazo de 48 horas, con lo que existiría la opción de de frenar de inmediato el acuerdo del Ejecutivo central.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció el recurso este domingo criticando que el Gobierno central había decidido esta intervención bajo «el amparo de ninguna ley».
Posible acceso ilícito a bases de datos
Además, este lunes, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán para el 1-O.
Una actuación que se ha producido después de que la Agencia haya recibido una denuncia de un ciudadano, ha llevado a que este organismo haya solicitado información a diversas entidades, como el INE o la Agencia Tributaria, sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña.
«Asamblea extraordinaria» de alcaldes
Otra de las propuestas del día ha sido la idea de Podemos, Cataluña en Comú, IU y En Marea de convocar una «asamblea extraordinaria» de alcaldes, parlamentarios y cargos públicos de todas las fuerzas democráticas para hacer frente común contra las medidas del PP en su intento de frenar el 1-O.
El objetivo sería buscar una solución dialogada y pactada, que a su juicio debe pasar por un referéndum acordado y con garantías.
La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ya ha dado la «bienvenida» a la propuesta, aunque ha pedido más concreción para poder decidir su grado de implicación y si apoyarán esta iniciativa de la formación morada.
Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también ha celebrado la propuesta de crear una asamblea de fuerzas democráticas, aunque ha recordado que en España sigue habiendo una mayoría contraria al referéndum convocado por el Govern y suspendido por el TC.
