La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad.
En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.
La mayoría de las querellas y denuncias que el fiscal del caso, Antonio Romeral, menciona en su escrito se dirigen contra las dos últimas cúpulas del banco, sobre todo en lo que respecta a las operaciones que lanzó de ampliación de capital mediante un folleto que no reflejaba la realidad de la situación financiera. También ve indicios de manipulación del mercado en la última etapa de la entidad.
Según publica hoy El Español, «El fiscal está a favor de que se actúe, por un lado, contra Ron y su Consejo de Administración por falsear las cuentas en el año 2016. Tal y como denunció la organización de consumidores OCU la información de la entidad se ha revelado «muy alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes (mayo) se cifraba el valor patrimonial de la entidad en 10.777 millones de euros», según documentos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)».
La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.
Según fuentes jurídicas, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).
