La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue el presunto delito de prevaricación administrativa en todos los ayuntamientos por haber seguido cobrando el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) después de que el Tribunal Constitucional haya declarado su nulidad el pasado mes de mayo.
Según la denuncia presentada este lunes por esta asociación apunta que, aunque se señala al responsable del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y al director del organismo autónomo de la Agencia Tributaria dependiente de este consistorio, José Antonio Díaz de Cerio Villamayor, es «público y notorio» que todos los ayuntamientos españoles siguen exigiendo el pago de este tributo.
En el escrito, recuerdan que el propio Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –cuyos artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 fueron declarados inconstitucionales y nulos– califica dicho impuesto como «facultativo o voluntario».
EXCLUSIVA VOLUNTAD DE LOS CONTRIBUYENTES
En este sentido, para Asufin los ayuntamientos pueden «perfectamente prescindir» de este tributo, ya que no existe ninguna ley que obligue que se mantenga «siendo de su exclusiva voluntad el perpetuarlo
a costa de los contribuyentes». Añade que si se quiere continuar cobrando deberá hacerse conforme al mandato del Tribunal Constitucional.
En la denuncia, Asufin tilda este tributo de «atropello» y apostilla que sólo los contribuyentes que tienen una «situación económica desahogada (y mucha paciencia, pues todos sabemos los plazos que padece esta jurisdicción) podrán defenderse» de la aplicación de los artículos que ya no forman parte del ordenamiento jurídico.
Por otro lado, señala que una sentencia del Tribunal Supremo dictada en noviembre de 2014 afirma que «lo decisivo desde la actuación prevaricadora es el ejercicio arbitrario del poder», lo cual lo utilizan para justificar su petición de que investiguen si los consistorios han incurrido en un posible delito de prevaricación administrativa.
PRUEBAS APORTADAS
Además, entre los documentos que aportan como pruebas, incluyen una de las declaraciones en las que «sorprendentemente» el contribuyente tuvo que pagar unos 2.600 euros pese a su inmueble fue transmitido por el mismo valor inicial y no tuvo ningún beneficio.
En un comunicado, la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, subraya que no entiende cómo es posible que se ignoren las sentencias del TC cuando son de «obligado y automático cumplimiento».
Para Asufin el cobro del impuesto es un «ejercicio arbitrario del poder», ya que la «autoridad o funcionarios públicos» han decidido dictar una resolución que no se basa ni en la Constitución ni en el resto del ordenamiento jurídico. (EP)
