La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia interpuesta el viernes por la Fiscalía por los disturbios ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, fundamentalmente por el asedio a la Guardia Civil durante la operación policial contra el referéndum ilegal del 1-O.
A cuatro días del reférendum, Lamela ha asumido en un auto, de doce páginas, la competencia de la Audiencia Nacional en este caso al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno.
Tal y como pidió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la jueza ha solicitado a la Guardia Civil un atestado que recoja todos los incidentes ocurridos esos días, principalmente ante la sede de la Consejería de Economía a raíz de la detención de los dos más estrechos colaboradores del responsable de ese departamento, Oriol Junqueras.
La denuncia de la Fiscalía, suscrita por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, no iba dirigida contra nadie en concreto, pero mencionaba expresamente a Jordi Sánchez, presidente de la ANC, quien frente a los congregados ante la sede del departamento de Economía manifestó: «El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos». «Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa».
También citaba el fiscal la intervención del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, quien pidió que la movilización no se detuviera. Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la «movilización permanente» desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo.
Al asumir la competencia de este asunto, Lamela explica que el tipo penal de la sedición del artículo 544 del Código Penal exige una conducta colectiva caracterizada por un «alzamiento tumultuario» dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes.
Entiende que lo ocurrido podría ser constitutivo de ese delito «con carácter provisional» y sería competencia de la Audiencia Nacional en tanto que lo sucedido «puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno», un delito contra una alta institución del Estado, de los que este tribunal es competente.
Si bien la jueza reconoce que no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la Audiencia Nacional, en este caso sí porque lo ocurrido iba dirigido a atentar también contra la forma de Gobierno, «al tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional«, esto determinaría «la competencia de la Audiencia Nacional conforme al art. 65.1 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Añade además que en la reforma del Código Penal de 1985 se estableció que los delitos contra la forma de Gobierno fueran competencia de la Audiencia Nacional «estableciendo con ello un marco competencial que no puede entenderse derogado» por haberse modificado nuevamente.
Asimismo, Lamela recuerda que ella misma y otros jueces de instrucción de este tribunal han tramitado denuncias por sedición contra ayuntamientos catalanes por apoyar el proceso independentista, cuya «competencia fue asumida por todos los juzgados y no se planteó cuestión de competencia alguna», obteniendo incluso el visto bueno de la Sala de lo Penal.
A la luz del relato de la denuncia de la Fiscalía, Lamela ha interpretado que la finalidad última de las movilizaciones tendentes a «impedir por la fuerza la actuación de las autoridades» era la de romper la organización territorial del Estado
Lamela asume así la tesis de la Fiscalía y es que la «finalidad última de estas movilizaciones era conseguir la celebración del referéndum y con ello conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales».
