La judicialización del conflicto provocado por la aprobación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad por parte del Parlamento de Cataluña, con el impulso del gobierno autonómico y el apoyo de la coalición que lo soporta de Junts pel Sí y la CUP, ha abierto cinco frentes muy concretos.
Primer frente: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Dos querellas presentadas por la Fiscalía de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) contra aforados. Una es contra el presidente autonómico, Carles Puigdemont y su gobierno, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Los dos primeros sólo conllevan inhabilitación -de 6 meses a 2 años, el primero, y de 9 a 15 años el segundo-; el tercero, la malversación, implica inhabilitación de 10 a 20 años y prisión de 4 a 8 años; la magistrada instructora es Mercedes Armas.
La segunda es contra la presidenta del parlamento autonómico, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la Mesa –Lluís Guinó y Ramona Barrufet (PDCat), Anna Simó (ERC) y Joan Josep Nuet (CSQP)- por los delitos de prevaricación y desobediencia (no de malversación). La magistrada instructora es María Eugenia Alegret, expresidenta del TSJCat.
Segundo frente: Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona
El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga a los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.
El magistrado abrió esta causa a raíz de la denuncia que presentó un particular en febrero pasado en los juzgados de guardia de Barcelona por unas declaraciones del entonces senador de ERC, el magistrado suspendido Santiago Vidal, que dijo que el gobierno de Cataluña tenía de un censo paralelo al oficial, que también tenía “todos los datos fiscales” de los ciudadanos catalanes y un listado de jueces que secundaban el proceso de independencia y los que no.
El partido Vox presentó, a su vez, otra querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero el alto tribunal catalán la remitió al 13 de Instrucción después de que Vidal presentara su dimisión y perdiera el aforamiento. Lo mismo ocurrio con la que presentó el abogado Miguel Durán. Desde febrero pasado la causa está declarada secreta. La macroperación que tuvo lugar el miércoles se produce por el hallazgo de documentación relacionada con ese censo que se pretendía utilizar en el referéndum ilegal.
El pasado 20 de septiembre, el magistrado Ramirez Sunyer ordenó la detención de 14 altos cargos y funcionarios de la Generalitat y 41 registros de diferentes dependencias en Barcelona, algunas de ellas despachos de abogados.
Entre los detenidos se encontraban Josep Maria Jové, secretario general del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, y ‘número dos’ del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; Lluis Salvadó Tenesa, secretario de Hacienda y responsable del despliegue de la «Agencia Tributaria catalana», y Juan Manuel Gómez, también la Consellería de Economía y Hacienda; David Palacad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores; Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales, perteneciente a la Consellería de Bienestar y Josue Sallent Rivas y David Franco Marcos, ambos dirigentes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
Tercer frente: Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona
El pasado 14 de septiembre la Fiscalía de Barcelona interpuso una querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña: su presidente Jordi Matas i Dalmases, su vicepresidenta Marta Alsina i Con y los vocales Marc Marsal i Ferret, Tània Verge i Mestre, Josep Pagès i Massó y los suplentes Josep Costa i Rosselló y Eva Labarta i Ferrer.
Anna Maria Magaldi, la fiscal jefe de Barcelona, que firma la querella, los acusa de desobediencia, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones públicas.
Cuarto frente: la Audiencia Nacional
El número 2 de la Audiencia Nacional, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo presentó el pasado viernes en la Audiencia Nacional una denuncia por sedición por las concentraciones masivas que se registraron a mediados de la pasada semana a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda “para impedir por la fuerza” la actuación de la Administración de Justicia y de la Guardia Civil, concretamente que no pudieran llevarse detenidos a los altos cargos investigados.
Las organizaciones separatistas Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y Omnium Cultural, y sus presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están en el punto de mira de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ambos y sus formaciones son citados de forma expresa en su denuncia. El representante del Ministerio Público no identifica a los responsables de estas protestas, si bien apunta a los presidentes de las dos asociaciones que trabajan en favor de la independencia -Asociación Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural- como instigadores de la movilización.
La magistrada competente es Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción 3.
Por otra parte, la Fiscalía denunció el 25 de septiembre, también ante la Audiencia Nacional, a cuatro miembros de la organización independentista Poble Lliure, que forma parte de la coalición ultraizquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP), por enaltecimiento del terrorismo. Son Guillem Fuster, portavoz de Poble Lliure, y a los militantes Ferran Dalmau y Toni Caseras. El cuarto es el diputado autonómico Albert Botran, que por ser aforado, la instrucción corresponde al TSJCat.
Quinto frente: Instrucción preprocesal de la Fiscalía sobre los alcaldes
Los fiscales destinados en Cataluña, por orden de la Fiscalía, están llevando a cabo instrucciones preprocesales sobre más de 700 alcaldes, a los que están tomando testimonio. Los ediles firmaron decretos para ceder locales al Gobierno de la Generalitat desde los que organizar el referéndum ilegal previsto para el 1 de octubre, referéndum que no puede llevarse a cabo porque el Tribunal Constitucional anuló la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad que lo hacían posible.
Sexto frente: El Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional impuso, el pasado 21 de septiembre, multas coercitivas de 12.000 euros diarios a Josep Maria Jové i Lladó, secretario general de Economía y ‘número dos’ del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y 6.000 euros diarios Montserrat Vidal i Roca, jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, con el fin de que cumplieran los requerimientos y mandatos contenidos en las providencias dictadas los pasados días 7 y 12 de septiembre para suspender el referéndum secesionista.
Un día antes, el 20 de septiembre, el máximo tribunal de garantías, anuló ayer los acuerdos de la mesa del Parlament de Cataluña que permitieron la aprobación de la ley de referéndum y de transitoriedad con un argumento muy simple: dicho parlamento autonómico “se arroga atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución e insiste en introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de validez un objeto específico: el presunto ‘proceso constituyente’ en Cataluña, cuya inconstitucionalidad” había declarado de forma reiterada el Constitucional.
Las multas fueron impuestas también a los 7 miembros de la Sindicatura Electoral (equivalente a la Junta Electoral) Jordi Matas i Dalmases, Marta Alsina i Con, Marc Marsal i Ferret, Tània Verge i Mestre, Josep Pagès i Massó, Josep Costa i Rosselló y Eva Labarta i Ferrer son los miembros contra los que se querelló la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, a los que impusieron una multa a cada uno de 12.000 euros hasta que los renunciantes no renunciaran a sus cargos y revocaran las decisiones tomadas.
A los miembros de las sindicaturas territoriales la multa impuesta fue de 6.000 euros. Todos ellos, los de la Sindicatura Electoral y las sindicaturas territoriales de l’Aran (Maria Carme Villanova Ramon; Vicens Bitrià Àguila y Armand Simon Llanes), Barcelona (Roc Fuentes i Navarro; Susana Romero Soriano; y Antoni Fitó i Baucells), Girona (Jordi Casadevall Fusté; Josep Maria Llistosella i Vila; y Jordi Díaz Comas), Lleida (Mariona Lladonosa Latorre; Alexandre Sàrraga Gómez; y Simeó Miguel Roé) y Tarragona (Xavier Faura i Sanmartin; Montserrat Aumatell i Arnau; y Marta Cassany i Virgili) presentaron su renuncia ante el Constitucional el 22 de septiembre pasado, viernes, para eludir el pago de las multas.
Jové i Lladó presentó también su dimisión, después de pasarse tres días en el calabozo, para evitar el pago de la multa de 12.000 euros diarios.
Séptimo frente: El Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas dio 15 días a Artur Mas, el pasado 25 de septiembre, para afrontar los 5,3 millones de fianza, bajo la amenaza de embargarle todos sus bienes, por usar fondos públicos en la consulta independentista -que es lo que costó- del 9 de noviembre de 2014.
Junto a Mas están también investigados los exconsejeros de la Generalitat Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, que fueron también condenados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. En total son nueve altos cargos y funcionarios los que tienen que afrontar esa cantidad, si bien Mas es su máximo responsable.
