La abogada Marta Alsina i Conesa, vicepresidenta de la Sindicatura Electoral (la junta electoral creada para el referéndum independentista que estaba formada por 7 personas hasta hoy, que presentaron la renuncia en bloque), fue la letrada, junto con su compañera Montserrat Vinyets, que denunció a la jueza Ana María Caballero Muñoz, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Olot, Girona, por pedirles, en el curso de un juicio, que le hablaran en castellano porque no entendía bien el catalán hablado.
La jueza, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) le abrió después dos expedientes, explicó, en su recurso de alzada ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haberse sentido perseguida por ambas letradas.
Y añadió que Vinyets y Alsina la sometieron a un “acoso continuo”, dirigiéndose a ella de forma irrespetuosa, arrogante e incluso desafiante y fuera de lugar durante el juicio, en el que sucedieron los hechos, que tuvo lugar el 15 de marzo de 2016, mostrando una “más que palmaria falta de respeto hacia la función jurisdiccional”.
Precipitaron, desde el punto de vista de la jueza, “una situación de tensión que esta juzgadora nunca ha vivido en sus tres años de ejercicio”.
Confilegal informó en su momento que las letradas eran cercanas al movimiento independentista, como ha quedado certificado, en el caso de la jurista Marta Alsina, por su pertenencia a la Sindicatura Electoral creada para llevar a cabo el referéndum independentista ilegal.
Los jueces y magistrados españoles no tienen la obligación de conocer la lengua propia de una Comunidad Autónoma. No lo impone ni la Constitución ni la Ley y tampoco el Tribunal Constitucional, cuya doctrina acuñada recomienda que se utilicen intérpretes para casos como ese.
La jueza fue castigada, en un principio, con dos sanciones disciplinarias que le impuso la Sala de Gobierno del TSJCat, sanciones que luego anuló la Comisión Disciplinaria del CGPJ por haberse vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías y a no sufrir indefensión.
La decisión fue tomada por unanimidad de todos sus componentes, Wenceslao Olea, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona, Vicente Guilarte, Roser Bach, Enrique Lucasy Victoria Cinto Lapuente, según pudo saber Confilegal.
