El Gobierno catalán ha pedido este viernes a la Sindicatura Electoral de Cataluña -creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum- que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales, observadores del 1-O, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.
El Tribunal Constitucional (TC) fijó el jueves multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y de 6.000 para cada síndico territorial -también nombrados al crearse el ente- si no desisten de organizar el 1-O.
Al disolverse la Sindicatura ya no puede celebrarse un referéndum «con garantías», según su propia ley, al adolecer de Junta Electoral.
Tampoco se podría producir la independencia ya que ésta depende, según la ley de transietoriedad anulada por el Constitucional, de la proclamación de resultados que hiciese la mencionada Sindicatura.
La desaparición de la Sindicatura o Junta Electoral es, por lo tanto, el resultado directo de la decisión tomada el miércoles por el Tribunal Constitucional de imponer dichas multas. Su finalidad no era sancionar sino obligar a que se cumpliese la resolución del máximo tribunal de garantías. Precisamente, a partir de hoy, que es cuando se ha publicado su resolución en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos. La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales. EP/CONFILEGAL.
