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La Abogacía reitera la ilegalidad de las devoluciones en caliente, tras la condena del TEDH

Un grupo de personas tratan de saltar la valla de Melilla ante la presencia de la Guardia Civil. (EP)
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El Consejo General de la Abogacía Española expresa su satisfacción por la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por la devolución en caliente de dos personas que habían entrado a España por la valla de Melilla.

España deberá pagar 10.000 euros a dos personas migrantes (5.000 euros a cada uno) que fueron devueltas a Marruecos en agosto de 2014 “sin que mediara intervención administrativa o judicial previa”, según la resolución del TEDH.

A estos migrantes nadie les preguntó su nombre. No los identificaron ni les ofrecieron el acceso a un abogado ni a un intérprete, como fijan los acuerdos internacionales de los que España forma parte, como la Convención de Ginebra, y como estipulaba la Ley de Extranjería vigente entonces, y modificada meses después reformada en un intento de amparar estas prácticas.

En su sentencia, el TEDH entiende que la devolución a Marruecos de dos inmigrantes en la valla de Melilla sin ser identificados “supone una expulsión de carácter colectivo”, contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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En este sentido, “la Abogacía Española quiere recordar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada. Por tanto, pide al Gobierno que cesen inmediatamente estas prácticas”.

También reitera que” todo procedimiento de devolución o de rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional ratificada por España y, en consecuencia, seguir el ‘principio de no devolución’”.

Es más, la Abogacía subraya que “la ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata, o solicitantes de protección internacional.”

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El Consejo General de la Abogacía quiere felicitar a los abogados colaboradores del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Gonzalo Boye (España) y Carsten Gericke (Alemania),  que ha llevado este caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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