La Federación Interamericana de Abogados (FIA) ha entrado en el conflicto catalán de lleno criticando duramente al Consell de Abogados de Cataluña y a los 14 colegios por su «silencio timorato y elusivo» ante episodios de enorme relevancia para el funcionamiento de la Justicia «a la que supuestamente sirven esos Colegios, cuyos estatutos unánimemente invocan el Estado de Derecho que sus cargos juran o prometen defender al tomar posesión».
Por ello instan la «inmediata dimisión de los cargos colegiales de la Abogacía catalana que tengan conflicto de intereses para con la defensa inequívoca y rotunda del Estado de Derecho que juraron o prometieron».
Es una referencia muy directa a su presidente, Carles McCragh, decano del Colegio de Girona, que abiertamente se ha posicionado él y su Colegio por la vía separatista.
En un durísimo comunicado, firmado por su presidente del Capítulo (sección) español, Hiro Bulchand Guidumal -al que ha tenido acceso Confilegal-, la FIA recrimina al Consell y a los colegios que lo conforman por no haber «mostrado repulsa alguna frente a los acosos a jueces, funcionarios y sedes y no han efectuado aportación ninguna, siquiera de apoyo moral, a la Justicia perturbada en sus funciones».
Y añade: «Los Colegios catalanes han estado silentes a la hora de desenmascarar, con la autoridad ética y profesional que se les supone, el uso de conceptos jurídicos falaces».
La FIA es una de las más poderosas e influyentes organizaciones internacionales de abogados. De ella forman parte letrados de todos los países iberoamericanos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España. Tiene su sede en Washington D.C., EE.UU. y fue fundada en 1940 para formentar y preservar el Estado de Derecho, la democracia, la Administración de Justicia y la defensa del ejercicio profesional.
El comunicado de la FIA es de los más severos emitidos jamás
«Los actuales acontecimientos de Cataluña constituyen una confrontación entre la aplicación del Estado de Derecho y la resistencia contra el mismo», prosigue la FIA, que lamenta la vulneración de ese Estado de Derecho con ocasión del proceso sobderanista y manifiesta su repulsa ante «las tergiversaciones de conceptos jurídicos que pretenden legitimar conductas inasumibles en el orden constitucional».
Parda la FIA, esta situación no ha surgido repentinamente.
«Es el resultado de años de implantación ideológica de falacias y sofismas jurídicos tales como la imposible ‘doble legalidad’, la prevalencia de un pretendido y sectario ‘derecho a decidir’, la interesada confusión entre ‘coerción, fuerza y violencia’ estatal o el retorcimiento de los paradigmas jurídicos, que se aplican a beneficio de inventario o con doble rasero valorativo, en una dialéctica de confrontación«, continúan.
En estas circunstancias, «llama la atención la actitud de los Colegios de Abogados de Cataluña y de su Consell autonómico, de los que no se ha escuchado, en los últimos años, una sola manifestación oficial en favor del Estado de Derecho que no haya ido acompañada de una disyuntiva matizadora -“Sí, pero…”– para alimentar una abyecta equidistancia, que ellos son los primeros que saben imposible, entre el propio Estado de Derecho y su vulneración».
CGAE: Un «clamoroso silencio»
La FIA también tiene reproches para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que, aunque se ha colocado de forma inequívoca del lado del Estado de Derecho en este asunto, su posición se ha limitado «a la epidérmica y tópica declaración retórica, absteniéndose de ejercer en Cataluña el liderazgo ético y social que le compete para estimular la acción, en defensa del Estado de Derecho, de los juristas catalanes disconformes con el estado de cosas».
El «clamoroso silencio» del CGAE ante las presiones sufridas por la Administraicón de Justicia y sus servidores estos días «avergüenza y desconcierta» haciendo añorar las épocas en que la Abogacía institucional española puso suu prestigo y fuerza moral al servicio de la democracia y del EStado de Derecho en condiciones muy comprometidas para sus dirigentes.
«Tribunales rodeados, letradas judiciales que han de escapar por los tejados, jueces que denuncian presiones y que son desobedecidos descaradamente, agresiones multitudinarias a agentes que cumplen mandatos no políticos sino judiciales o de la Fiscalía, son situaciones que se pueden dar, pero nunca con la inacción de la Abogacía», agrega la FIA.
Sobre los jueces y magistrados partidarios del «procès» se abstienen hacer ningún tipo de valoración. Confían en que «sus legítimas opciones políticas personales no interferirán en el ejercicio de sus funciones al servicio del Estado español al que actualmente sirven y deben lealtad».
La FIA concluye su comunicado exhortando «a los compañeros abogados catalanes a que secunden o lideren la reacción social en favor de éste; y felicita y anima a los jueces y fiscales que sufren intimidación o presiones por su ejercicio profesional en las condiciones de dignidad y servicio a la Ley que la sociedad española –incluida la mayoría de la catalana- espera de ellos».
