Movilización festiva la de esta tarde de este sábado promovida desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados y la Coordinadora de Vivienda de Madrid con el objetivo de promocionar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ya en la Asamblea de Madrid, de cara a que en el futuro pueda convertirse en la Ley de vivienda.
Según los organizadores de esta marcha que desde el centro de Madrid concluyó en la Plaza de las Vistillas bajo las consignas de “derecho a techo” y que “no haya casas sin gente ni gente sin casas”, esta nueva ley pretende detener todos los desahucios, fomentar el acceso a la vivienda pública, poner fin de la especulación inmobiliaria combatiendo la vivienda vacía, el freno de los abusos bancarios así como medidas para evitar la pobreza energética en los hogares.
Alejandra Jacinto, abogada y uno de los portavoces de esta iniciativa, señala a CONFILEGAL que “tras la recogida de cerca de 77.000 firmas, estamos a la espera que los partidos políticos la lleven a un Pleno de la Asamblea de Madrid para su consideración y tramitación como proposición de ley”. Un total de 76.773 personas han firmado dicha ILP; 26.773 más de las 50.000 necesarias por ley para llevar la propuesta a la Asamblea de Madrid.
También indica que este colectivo promotor se encuentra inmerso en una campaña de divulgación de la iniciativa “que empezó hace varias semanas con la entrega de cartas a diferentes diputados y que culminó este sábado con esta gran movilización y un concierto solidario por el Derecho a la Vivienda que ha sido todo un éxito de convocatoria”.
Regulación justa del derecho a la vivienda
La ILP urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid es la propuesta ciudadana para crear, desde cero, una regulación justa del Derecho a la Vivienda. Esta materia es competencia de la Comunidad de Madrid y se han recabado más de 77.000 firmas que avalan la propuesta. Miles de personas han participado en el proyecto”.
Para esta letrada la ILP de Vivienda desarrolla el artículo 47 de la Constitución y contiene un nuevo catálogo de derechos que ponga freno a los abusos y a la pobreza energética. “El primer objetivo es que en la Comunidad de Madrid se respete la Constitución. Ni más, ni menos”. Porque es un derecho integral tuyo y no puede ser el negocio de unos pocos.
Al mismo tiempo, las entidades que impulsan esta iniciativa advierten que se logrará una comunidad más habitable “las personas van primero. En dicha norma se insiste en que se establece un Derecho de acceso a la vivienda pública de todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid”.
Otro tema que esta futura Ley de la Vivienda aborda es la situación de los ciudadanos más vulnerables. De forma paralela restablece un sistema de alquiler proporcional a tus ingresos que incluye el gasto de agua y de energía.
También quiere definir una política clara de acceso de emergencia a las personas en situación de desamparo. Con garantías de un techo digno frente a los desalojos forzosos. Y que los solicitantes de vivienda pública podrán participar en todas las fases del proceso, decidiendo qué criterios desean seguir para la adjudicación de vivienda.
Otra de las cuestiones que el texto normativo persigue es movilizar la llamada vivienda desocupada Sancionando a Grandes Tenedores (principalmente entidades financieras y empresarios inmobiliarios) con multas e incluso la cesión forzosa por el uso antisocial que den a la vivienda vacía o desatendida.
Otra petición que viene reflejada en dicha normativa es la exigencia a bancos e inmobiliarias una oferta de alquiler social en caso de desahucio a personas vulnerables. Impidiendo cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.
Las entidades promotoras que vienen impulsando desde hace varios meses esta propuesta creen que ha llegado el momento, sobre todo para proteger a la parte más vulnerable lo ideal sería crear una Agencia de Protección al consumidor en materia de vivienda, con participación de la sociedad civil, que registre, persiga y sancione prácticas abusivas. Basta de engaños y estafas.
Junto a esta cuestión también se reclama la garantía de que todas las personas que residen en la Comunidad de Madrid disfruten de suministros básicos necesarios para una vida digna.
Un tema de gran actualidad, no en vano este viernes el Consejo de Ministros aprobaba el llamado bono social eléctrico para ayudar a los consumidores más vulnerables y del que nuestra publicación también se ha hecho eco.
