El Pleno del Congreso debate hoy la toma en consideración de la propuesta del PNV de derogar la prisión permanente revisable, una figura que se introdujo en la reforma del Código Penal, cuando el PP tenía mayoría absoluta, y que la mayoría de los grupos parlamentarios quiere que desaparezca de esta norma.
La toma en consideración de la iniciativa, en forma de proposición de ley, se debatirá en el pleno de la cámara que comenzará a las tres de la tarde y donde el PNV solicitará la derogación al entender que esa figura no está justificada «desde razones de política criminal» y, además, es «inconstitucional».
«La incorporación al Código Penal de la cadena perpetua revisable -comienza la exposición de motivos- es una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978, que persigue únicamente una función retributiva y negativa de la pena».
Según señalan los nacionalistas vascos en la exposición de motivos, la prisión permanente revisable «atenta contra la dignidad de los seres humanos» y contra la prohibición de «penas inhumanas y tratos crueles y degradantes».
Asimismo, sostienen que este tipo de pena «vulnera claramente los elementos nucleares de los principios constitucionales referidos al ordenamiento penal: el principio de legalidad y el mandato de resocialización», ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución Española.
En su propuesta, el PNV subraya que «la Constitución exige que las penas no sean inciertas (art. 9.3), no atenten contra la dignidad humana (art. 10), no resulten inhumanas (art. 15) y proscribe la cadena perpetua, cuando incluye el mandato de reinserción de las penas (art. 25.2)».
Precisamente, la mayoría de la oposición siempre ha calificado como cadena perpetua la prisión permanente revisable, por lo que es previsible que la proposición del PNV cuente con bastantes apoyos en la votación del pleno.
Por último, alerta de que «existen posibilidades de error judicial que sería irreparable» y afirma que la incorporación de esta pena al Código Penal «rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua».
