El Gobierno tiene previsto volver a aprobar este martes los dos reales decretos-ley de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, apenas cuatro días después de aquella derrota parlamentaria y con las elecciones generales ya convocadas para el próximo 29 de noviembre.
Así, la intención del Ejecutivo es llevar nuevamente ambos textos a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, aunque por el momento no han precisado si serán aprobados con la misma redacción que fue rechazada por el Congreso o introducirán modificaciones.
El movimiento tiene una importante consecuencia parlamentaria.
Pedro Sánchez ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. El presidente comunicó que había informado previamente al Rey y que un Consejo de Ministros extraordinario aprobaría la disolución y convocatoria electoral.
Una vez disueltas las Cámaras, cualquier real decreto-ley aprobado por el Gobierno durante este periodo tendrá que pasar por la Diputación Permanente del Congreso, órgano que asume determinadas funciones de la Cámara Baja hasta la constitución del nuevo Parlamento.
Entre esas funciones se encuentra precisamente la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes cuando el Congreso ha sido disuelto.
Y ahí las matemáticas parlamentarias son diferentes a las del Pleno que tumbó los textos el viernes.
69 miembros que podrían aprobar los decretos
La Diputación Permanente de la XV Legislatura está formada por 69 miembros, incluida la presidenta del Congreso, y reproduce proporcionalmente la representación de los grupos parlamentarios, aunque a escala reducida.
Según el reparto de votos de la pasada semana y la composición de este órgano, el primero de los decretos podría contar ahora con los apoyos suficientes para ser convalidado.
El bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos sumaría 35 votos, frente a los 34 correspondientes a PP, Vox y Junts, las tres formaciones que votaron contra ese decreto en el Pleno.
La situación sería diferente con el segundo real decreto-ley.
Ese texto, que incluía la renovación automática de determinados contratos de alquiler, tampoco obtuvo el respaldo del PNV.
Si los partidos mantienen en la Diputación Permanente la posición expresada el viernes, el segundo decreto volvería a quedar en minoría: 34 votos favorables frente a 35 contrarios.
Por tanto, el cambio de escenario parlamentario podría permitir al Gobierno recuperar uno de los dos textos, pero no garantizaría la aprobación del segundo.
El «no» del Congreso de los Diputados
Los dos reales decretos-ley fueron sometidos a votación en un Pleno extraordinario del Congreso celebrado el pasado viernes 2 de octubre.
El propio Sánchez intervino ante la Cámara para defender las medidas, que presentó como actuaciones de relevancia directa para los ciudadanos.
Los textos contenían una amplia batería de iniciativas relacionadas con la política de vivienda.
Entre otras cuestiones, abordaban los desahucios, las prórrogas de alquileres, los alquileres de habitaciones y de temporada y distintos beneficios fiscales para inquilinos y propietarios.
Su rechazo terminó convirtiéndose en el detonante inmediato de la convocatoria electoral.
Sánchez anunció este lunes que adelanta las elecciones al 29 de noviembre después del revés sufrido por el Ejecutivo en el Congreso.
Ahora, mientras se pone en marcha el procedimiento electoral, el Gobierno pretende recuperar las mismas medidas que no consiguieron superar la votación parlamentaria.
La vivienda, el «foco» de las elecciones
La vivienda se perfila además como uno de los primeros grandes asuntos de confrontación política de la campaña que acaba de comenzar.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reaccionó en su cuenta de X al rechazo de las medidas contraponiendo estar «con la gente» o «con los buitres» y llamó a acudir a las urnas para continuar avanzando en vivienda, sanidad, educación y Estado del Bienestar.
También la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, defendió volver a llevar los dos decretos al Parlamento para, según señaló, «apuntalar las medidas de vivienda, evitar desahucios y proteger a la ciudadanía».
García sostuvo además que el próximo 29 de noviembre la izquierda saldrá a defender «el derecho a la vivienda frente a los especuladores y las libertades frente a los reaccionarios».
Son declaraciones que sitúan la política de vivienda desde el primer momento en el centro del discurso electoral de los partidos de la izquierda.
