La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias juzgará hoy a una mujer acusada de estafar más de 40.000 euros al anciano que cuidaba en Mieres y para la que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión.
Según la Fiscalía, la mujer comenzó en 2008 a prestar sus servicios como cuidadora en el domicilio de un anciano,de origen portugués y que hablaba y escribía en castellano con mucha dificultad.
Además, este anciano padecía una serie de limitaciones físicas, principalmente derivadas de su edad y una ceguera parcial a causa de la diabetes, que se fueron agravando paulatinamente.
La acusada, además de realizar las tareas del hogar, comenzó a ocuparse de las gestiones administrativas y económicas del anciano y fue ganándose su confianza hasta tal punto que consiguió figurar como cotitular en la cuenta de éste en el Banco Sabadell.
Según la Fiscalía, a partir de enero de 2013, la acusada operó en la cuenta realizando todo tipo de operaciones en beneficio propio y en perjuicio del hombre, que desconocía las manipulaciones que ésta realizaba.
En los meses de julio y agosto de 2013 la entidad financiera les concedió dos préstamos de 14.000 y 6.000 euros, respectivamente, cantidades que ingresaron en la cuenta común.
Además, añade el Ministerio Público, en abril de 2015 la acusada solicitó un préstamo a la entidad Cofidis de 1.500 euros y en febrero de ese mismo año solicitó otro préstamo al Banco Sabadell por 5.000 euros.
A lo largo de un año desde diciembre de 2012, la mujer realizó transferencias a su favor por un importe total de 32.200 euros.
Asimismo, entre junio de 2014 y abril de 2015 realizó reintegros por un importe total de 8.334 euros.
La Fiscalía señala que el anciano, que ingresó en una residencia gerontológica en enero de 2015, tenía ingresos suficientes para atender a todas sus necesidades, ya que cobraba mensualmente una pensión de 2.046 euros en 2013.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248 y 250.6 del Código Penal (redacción vigente anterior a la entrada en vigor de la L. Orgánica 1/2015).
Pide una pena de cuatro años de prisión para la causada, el pago de una multa de 1.800 euros y una indemnización al anciano por el importe estafado, 40.534 euros, más los intereses legales correspondientes.
