González-Cuéllar: «Reto a mis competidores a que revelen su presupuesto de campaña y su origen»

«Vaya por delante que no pongo en tela de juicio a nadie, pero estos son tiempos de transparencia. Por eso reto a mis compañeros a que revelen su presupuesto de campaña y su origen. El nuestro es de 60.000 euros. Son aportaciones que hemos hecho todos los miembros de mi candidatura de nuestros bolsillos». Así de contundente se muestra Nicolás González-Cuéllar Serrano, quien encabeza una de las 5 candidaturas que optarán, en las eleccioens del próximo 13 de diciembre, a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

«Proponemos, además, al resto de las candidaturas la creación de un mecanismo de verificación. Que nombremos, de común acuerdo, a una persona o entidad independiente que fiscalice y verifique todas nuestras cuentas; para que idenfique a las personas o sociedades que aporten bienes, fondos o servicios a las cinco candidaturas con el fin de prevenir cualquier sospecha de irregularidad o de corrupción. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que los abogados debemos dar ejemplo en esto los primeros. Así de simple».

Y afirma que si alguien aportara fondos para su campaña, su identidad se hará pública en la página web de la campaña.

«Y ya anunciamos que esa persona no podrá tener ni trato ni contrato con el Colegio de Abogados durante nuestro mandato», añade. «Nos gustaría que este ejercicio de transparencia fuera compartido. Esta no es la elección de un club privado. Es una corporación de derecho público y, por tanto, la transparencia tiene que ser máxima».

La entrevista con el candidato a decano del ICAM, catedrático de derecho procesal penal y socio director de González-Cuéllar Abogados, tiene lugar en su despacho de la calle de Alcalá. Apenas han pasado unas horas desde que se cerrara el periodo de presentación de candidaturas, a las 12 horas de la noche del viernes y ya está en clave electoral.

¿Por qué se presenta a decano del ICAM?

Porque la institución ha sufrido una merma en su papel institucional desde hace bastantes años. Creemos que las cuestiones relativas al derecho de defensa, al papel del abogado, se están discutiendo con ausencia de la voz cualificada del decano del Colegio de Madrid.

El decano es un servidor público que tiene que alzar la voz en defensa de nuestra profesión, que, al final, es un instrumento para el ejercicio por los ciudadanos de un derecho fundamental, que es el derecho a obtener la tutela judicial mediante la defensa.

La falta de prestigio institucional del Colegio de Abogados es lo que fomenta el desapego de los abogados repecto de la institución

El hecho de que usted sea catedrático de derecho procesal penal su candidatura esté integrada por personas como Ignacio Gordillo, fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, o Adolfo Prego, magistrado en excedencia del Tribunal Supremo, le confiere, en apariencia, una nítida naturaleza penal. ¿Es por ello que su candidatura ha adoptado el nombre de Movimiento 24.2?

El artículo 24.2 de la Constitución es el que proclama el derecho de defensa en todos los órdenes jurisdiccionales. Y no sólo en el ámbito de la justicia, también frente a la Administración, en materia arbitral, en procedimientos de mediación. El papel del abogado está situado en el núcleo de la prevención y la resolución de conflictos.

No sólo nos dedicamos los abogados al ámbito penal. Es verdad que los dos compañeros que ha mencionado proceden de la jurisdicción penal, pero nuestra candidatura está compuesta por profesionales de todas las disciplinas jurídicas.

¿Por qué les preocupa tanto la tutela judicial efectiva, cuya defensa proclama el 24.2 de la Constitución?

Porque creemos que ha habido una disminución de las garantías, en comparación con el listón que se puso a partir del año 78, con la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Lamentablemente, el Colegio de Abogados de Madrid no parece preocupado por la defensa de la función del abogado.

Corríjanos, pero hace un año y pico se hizo la trasposición de la Directiva Comunitaria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecía el derecho del abogado a tener acceso a los atestados y a hablar con su cliente antes de que los agentes de la autoridad lo puedan interrogar así como a asesorarle, diciendo que guarde silencio, o que no conteste a determinadas preguntas de los policías o guardias civiles. ¿Eso no se está cumpliendo?

No. No se está cumpliendo, y hay que decirlo muy claramente. Y los colegios de abogados deben ser mucho más proactivos en la protección del papel del abogado, tanto del detenido como del preso preventivo.

Pero, ¿no hubo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? 

Hubo una reforma que se quedó a medio camino en la defensa de las personas detenidas por la policía. Porque, si bien, como consecuencia de la Directiva Europea, se reconoce el derecho al acceso al atestado policial para la preparación de la entrevista previa entre el abogado y el detenido, la Policía está interpretando de forma cicatera el derecho  de acceso al expediente.

Lamentablemente, existe una duda interpretativa entre lo que proclama el artículo 520 y lo que dice el artículo 527 de la Ley de Enjuicimaiento Criminal que, entendemos, que debe resolverse a favor del derecho de defensa, con pleno acceso, desde el minuto uno, al expediente, por parte de los abogados.

Es sorprendente que una función crucial parezca que no importa a los Colegios.

Este es uno de los temas en los que se echa de menos una mayor presencia institucional del decano del colegio de abogados de Madrid, que debería ser la persona que liderara la lucha por la consecuención de un derecho de defensa eficaz.

La reforma realizada no satisface las exigencias de la Directiva. Estamos ante una ocasión de oro, si se produce la reforma de la Constitución, para clarificar rtodas estas cuestiones en la propia ley suprema.

Y en esto, necesitamos recuperar, para el Decanato de Madrid, el prestigio institucional que, lamentablemente, hemos ido perdiendo con el paso de los años.

¿Por qué, a su juicio, se ha perdido ese prestigio?

Porque ha habido una mayor preocupación por resolver asuntos de gestión, que, por supuesto son fundamentales, y se ha perdido de vista que el Colegio de Abogados de Madrid no es un despacho de abogados, no es una empresa privada, sino una corporación de derecho público que está al servicio de los abogados y de los ciudadanos.

Porque los abogados lo que hacemos no es ganar dinero con nuestra profesión, que también lo intentamos, sino que somos instrumentos de los ciudadanos para ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y la defensa.

¿Cómo ha visto estos últimos cinco años del Colegio de Abogados de Madrid?

Al Colegio de Abogados le ha faltado un papel activo en las discusiones esenciales sobre las reformas legales y en defensa de los compañeros. Si resulto elegido, me tendrán a su lado ante cualquier problema que surja en órganos judiciales, en la Fiscalía o ante la Administración.

Su despacho es pequeño, pero influyente. Si fuera elegido, se le vería poco por aquí. ¿Lo tiene asumido?

Nosotros somos seis abogados. Mis compañeros han asumido con ilusión este proyecto y yo confío en que sabrán gestionar nuestros asuntos, a pesar de que yo dedique mucho tiempo a la función de decano.

¿Su mujer está de acuerdo con esta nueva aventura que acaba de emprender?

Sí, por supuesto. Alba es abogada también y me apoya al ciento por ciento.

El sistema indemnizatorio que se ha establecido, basado en baremos que no siguen criterios de mercado, es absolutamente injusto; tienen que ser pagados con arreglo a valores de mercado 

¿Qué menú de ofertas ha preparado su candidatura para atraer la atención de sus compañeros y que le voten?

Nosotros presentamos nuestra candidatura el lunes por la mañana y no me gustaría anticipar el programa, en concreto. Sí puedo anticiparles en este momento que, fundamentalmente, queremos recuperar el prestigio del decano y del Colegio en la protección del derecho de defensa del abogado.

Las garantías, en nuestro Estado de Derecho, tienen que ser modificadas para ser reformadas. Creemos que es necesario que se apruebe una ley orgánica reguladora del derecho de defensa. Es muy significativo que nuestro Estatuto Profesional esté aprobado en una norma de menor rango. En un Real Decreto, mientras que el Ministerio Fiscal está regiulado en una Ley Orgánica.

Parece que lo abogados cumplimos un papel secundario y que el artículo 24.2 no merece ser desarrollado a través de una ley de equivalente rango. Por eso, por ejemplo, falta una regulación del secreto profesional. Es muy importante en muchos terrenos, pero en el ámbito de la abogacía resulta crucial.

¿Les preocupa el turno de oficio?

Mucho. Estamos profundamente preocupados. Creemos que el sistema indemnizatorio que se ha establecido, basado en baremos que no siguen criterios de mercado, es absolutamente injusto. Los abogados del turno de oficio que son llamados por colegios profesionales, que ocupan su tiempo en la defensa de los derechos de los ciudadanos que no tienen suficientes recursos para litigar, merecen que se les pague con arreglo a valores de mercado.

No entendemos por qué si, a un miembro de la aristocracia, o a un terrateniente, cuando se le expropia una finca la Constitución obliga a pagar un justiprecio, por qué, si a un abogado se dice que tiene que ser indemnizado por haber dedicado su tiempo al derecho de defensa de las personas sin recursos recibe una retribución absolutamente insignificante.

No es una situación justa y creemos que debe de cambiar.

¿Es usted consciente de que en España los baremos de los turnos de oficio de las diferentes Comunidades Autónomas son diferentes?

Sí. Desde el punto de vista presupuestario, entendemos que, al igual que el Consejo General del Poder Judicial tiene su presupuesto, las cantidades que se dedican, por decisión del Parlamento, debe ser gestionado directaamente por los colegios sin la intermediación de las entidades autonómicas. No puede ser que las retribuciones de los abogados del turno de oficio queden a la merced de la voluntad política de los gobernantes autonómicos.

El Parlamento tiene que decidir cuánto dinero dedica a la asistencia jurídica gratuita y, en concreto, al turno de oficio, y deben ser los colegios profesionales los que con criterios de independencia, libertad y objetividad deben regular el servicio y gestionarlo.

No entendemos por qué existe esta interferencia autonómica y no estamos de acuerdo con ella.

Usted propone un nuevo modelo, que no existe hasta ahora. Porque cuando el Ministro de Justicia presenta los presupuestos, no queda claro cuál es la partida que se dedica a la justicia gratuita. 

Efectivamente. Debe haber una clarificación presupuestaria del dinero público que el Paralmento, por iniciativa del ogbienro o del grupo que corresponda, dedica a la justicia, y, en particular, a la asistencia gratuita y al turno de oficio. El dinero tiene que ser suficiente para pagar a estos abogados, con criterio de mercado.

Igual que los fiscales están reclamando un presupuesto propio y gestionado por ellos.

Deberían ampliarse los días de los que disponen nuestros compañeros para solicitar el voto por correo; cinco días nos parecen cicateros porque no se promueve la participación

¿Es usted partidario de que los mayores de 75 años puedan prestar servicio en el turno de oficio?

Yo, particularmente, siempre he estado en contra de cualquier discriminación, sea el motivo que sea. La edad no puede convertirse en uan causa de desigualdad.

No hemos hablado de los jóvenes. ¿Qué menú ha preparado su candidatura para ellos?

Hay muchos jóvenes que comienzan la profesión y acceden al turno de oficio con una gran preparación y que están seriamente preocupados por la insuficiencia de las retribuciones. Con independencia de esto, hemos preparado una batería de propuestas en el terreno de la Seguridad Social, laboral y fiscal. Los tenemos muy, muy presentes. Pero será el lunes cuando entremos en detalles.

Muchos abogados se quejan de que están explotados en sus despachos. Y si protestan, los despiden. ¿Cómo se puede acabar con eso, señor González-Cuellar?

Voy a anticipar que una de las medidas para proteger dos valores básicos de la profesión, que son la independencia y la libertad en el ejercicio de la abogacía, tiene que ver con esto. Creemos que si los periodistas tienen derecho a la cláusula de conciencia, lo mismo debe pasar con los abogados.

Por supuesto, que el tema de las retribucioens en los despachos depende de los acuerdo a los que libremente han llegado los compañeros con los socios directores. Pero lo que es irrenunciable es esa protección.

El censo electoral lo componen alrededor de 65.000 letrados. En las últimas elecciones, las de 2012, votaron casi 9.000, un 13,9 por ciento del censo. Y en las de 2007, un 10 por ciento. ¿De qué forma va a formentar la participación de sus compañeros?

Es un fenómeno sumamente preocupante que tiene que ver con el primer punto que hemos comentado. Es la falta de prestigio institucional del Colegio de Abogados lo que fomenta el desapego de los abogados repecto de la institución.

La escasa participación es la mejor manifestación de que el abogado cree que el colegio no sirve para nada, más que para que le den el carnet cuando empieza a actuar en la abogacía.

Si esa baja participación permanece quiere decir que nuestro discurso no ha sido oído o no ha calado entre nuestros compañeros.

Nosotros aspiramos a la movilización de todos los abogados. Muchos de ellos no han ido a votar. Nuestra propuesta va mucho más allá de la resolución de los problemas de gestión ordinaria que es lo que siempre se debate en elecciones de este tipo.

Nosotros apostamos, no sólo con un buen programa en materia de gestión, sino en elevar la presencia institucional en el debate público.

Recientemente dos letrados presentaron una consulta ante la Comisión Electoral solicitando que el restrictivo periodo de 5 días establecido para solicitar el voto por correo se extienda a otros 5 o 10 o incluso más días. La citada Comisión ha contestado diciendo que no hay tu tía. Que son 5 y ya está. ¿Estaría usted a favor de ampliar el periodo para votar por correo? 

Totalmente. Es que no se concibe que no pueda estar de acuerdo con una propuesta tan razonable si no es porque se tiene interés en que la abogacía no participe en las elecciones. Creemos que hay que fomentar, con todas las medidas que sean posibles, la participación de los compañeros. Para que expresen su opinión sobre lo que quieren para su colegio.

La propuesta de la que me habla es correcta y tiene nuestro apoyo. Y estamos en desacuerdo con la Comisión Electoral y su decisión. Deberían ampliarse los días de los que disponen nuestros compañeros para solicitar el voto por correo; cinco días nos parecen cicateros porque no se promueve la participación.

El voto electrónico va a ser todavía la asignatura pendiente, ¿no?

Eso parece, sí.

¿Sería una buena medida para fomentar esa participación que tanto le preocupa?

Con las debidas garantías al procedimiento, por supuesto.

Nuestro objetivo es el de recuperar al Colegio como la casa del Abogado que debe de ser para la prestación de un servicio público de calidad

Cambiando de asunto, ¿le preocupa el run-run que existe sobre MUSA y su servicio médico en estos momentos?

No puedo dar una opoinión fundada sobre la situaicón de esta institución. Por mi parte, sería una irresponsabilidad. Sí puedo decir es que nuestro compromiso con los compañeros nos llevaría, si detectáramos problemas, a realizar una auditoria en profundidad, a exigir responabilidades. En caso de que existiera, pero confiamos que no sea así.

Y por parte del Decanato del Colegio de Abogados se tomarían cuantas medidas fueran necesarias para proteger los intereses de las personas que se vieran afectadas.

Deducimos que usted piensa que el Colegio debe tener un servicio médico de calidad. 

El Colegio debe apoyar la existencia de un servicio médico de la forma que sea más favorable para los intereses de los colegiados, y más eficaz.

El Colegio de Abogados de Madrid es, con diferencia, es más grande de los 83 existentes en España. Su decano forma parte del Consejo General de la Abogacía Española. Desde esa posición privilegiada, ¿abordaría el problema del doble lenguaje de algunos decanos catalanes, alineados con la independencia allí y constitucionalistas en Madrid?

No puedo calificar la actuacion de compañeros de otros colegio. Lo que sí sé es que mi lenguaje es único sobre este tema y sobre cualquier otro, que es el lenguaje de la Constitución y de la ley.

Se supone que cuando un decano es nombrado para tal puesto tiene que jurar o prometer hacer cumplir la Constitución, ¿no es así?

Por supuesto. El decano forma parte de una corporación de derecho público y debe lealtad a la Constitución en todos sus mandatos. Lo que sí puede hacer es proponer su reforma por lo cauces legales.

¿Y si no lo hace?

Debe cumplir la Constitución y la ley mientras no se reforme.

¿Qué piensa usted del arbitraje y mediación que se realiza en el Colegio de Abogados?

Pues que es una cuestión muy interesante y que nos preocupa. Y es relativa a la transparencia. Tanto en materia de arbitraje, como de mediación como de cualquier función que desarrolle el Colegio de Abogados tiene que hacerse con una transparencia absoluta. Porque así lo reclama la sociedad y viene exigido por la ley.

Por ello, vamos a publicar el presupuesto de nuestra campaña. No entendemos que la ciudadanía desconozca los fondos que se utilizan en una campaña electoral para acceder a una institución como el Colegio de Abogados de Madrid y mucho menos llegaríamos a entender que alguna entidad o persona que aportara fondos tuviera relación con el Colegio de Abogados.

A lo mejor con este anuncio de transparencia, doy respuesta a la inquietud que motivaba la pregunta.

Por eso, animamos a nuestros compañeros de candidaturas rivales a que hagan públicos sus presupuestos y el origen de los mismos.

Nuestro objetivo es el de recuperar al Colegio como la casa del Abogado que debe de ser para la prestación de un servicio público de calidad. La primera piedra es la transparencia. Nuestra piedra angular.

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