El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) recrimina a la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, María Eugènia Gay, que haya impulsado una comisión de mediación sobre el conflicto político catalán cuando la normativa impide la mediación entre administraciones públicas.
Y así se lo aclara en un informe jurídico elaborado por el CGAE, que tiene fecha 23 de octubre.
El mensaje es claro: Ni el Colegio de Abogados de Barcelona ni su decana pueden actuar como mediadores en el conflicto entre la el gobierno autonómico catalán y el Gobierno.
Esta es la respuesta del CGAE al escrito que un centenar de colegiados del ICAB dirigieron recientemente a la presidenta de la institución, Victoria Ortega, pidiendo la segregación del colegio en dos entidades por la palpable politización del Colegio de Barcelona.
Esa era una de las críticas que hicieron a la postura de Gay, quien capitaneó una comisión de mediación con otras entidades.
“Más allá incluso de esta idea de exclusión de la mediación se encontrarían los conflictos entre órganos políticos y constitucionales”, avisa el CGAE.
SEGÚN GAY, EL COLEGIO NO MEDIÓ COMO CORPORACIÓN
De acuerdo con el escrito dirigido al CGAE por la decana Gay, el Colegio de Abogados de Barcelona no ha intentado mediar en el conflicto catalán como corporación, según publica Economía Digital.
El CGAE, sin embargo, le recuerda que en la propia web del Colegio se dice que junto a otras entidades conforman la “comisión independiente para la mediación, el diálogo y la conciliación”.
Y añaden que en esta misma web colegial se informa de que la “comisión liderada por la decana” se reunió el 6 de octubre pasado con el presidente Carles Puigdemont.
De esta forma, el CGAE ha dado la razón a los abogados segregacionistas que, en su misiva afirmaban que: “La decana ha desoído sus compromisos electorales, obligaciones legales, el precedente de la sentencia de 1 de diciembre de 2016, las quejas de numerosos colegiados contrarios a la utilización política del ICAB y, sobre todo, desoyendo su obligación de posicionarse a favor de la legalidad y la Constitución”.
LA SEGREGACIÓN NO PUEDE PRODUCIRSE
El CGAE explica en su informe que no está en su poder instar un proceso de segregación, como solicitan los abogados que solicitan el amparo, porque no está habilitado.
Tampoco la ley de colegios o la normativa catalana lo permiten.
“El Consejo General no puede interferir, o por mejor decir, incidir en la autonomía colegial”, subraya el informe.
Los abogados prosegregación del Colegio de Barcelona tienen dos vías para conseguir su fin: seguir los mecanismos estatutarios previstos o presentar una demanda en los tribunales.
De acuerdo con Ramón de Veciana, impulsor del amparo ante el CGAE, el informe deja claro que la decana Gay ni el Colegio pueden mediar en el conflicto político de Cataluña por hallarse fuera de «todo amparo legal y estatutario».
