Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y de Málaga (ICAMALAGA) hicieron ayer públicos sendos comunicados manifestando su «ttal rechazo» a la proclamación de la república catalana, decidida por la mitad del pleno del Parlamento autonómico.
El hecho «no admite más lectura que la palmaria vulneración del ordenamiento jurídico», dice la Junta de Gobierno en funciones del Colegio madrileño.
«La quiebra del orden constitucional no admite justificación normativa alguna en aras a criterios políticos adoptados extramuros de la ley», añade.
«El derecho, como conjunto de principos y normas, no puede ser banalizado mediante declaraciones unilaterales inadmisibles y sin cimientos jurídicos».
Para la Junta de Gobierno del Colegio más grande y numeroso de los 83 existentes en España, «constituye una obligación de la Abogacía erigirse en defensora del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución española».
La cohesión social y la convivencia física «exigen el cumplimiento y respeto inexcusables a la norma dada, la afirmación de la ley y de la Constitución, ley de leyes».
APOYO A LAS MEDIDAS TOMADAS
Por su parte, el Colegio de Abogados de Málaga muestra «su apoyo al Estado en la aplicación de todas las medidas que dispone la Constitución Española para restablecer el orden y la convivencia, entre las que se encuentra el artículo 155 CE».
Y añade: «Nuestra institución ya manifestó el pasado 20 de septiembre su repulsa al proceso soberanista que se ha fraguado en Cataluña a raíz de la convocatoria de un simulacro de referéndum sin ninguna garantía jurídica y que suponía un desafío sin precedentes a la Constitución Española y al Estado Social y de Derecho».
El Colegio malagueño recuerda, además, que Cataluña es la región española que goza de un autogobierno mayor.
«Este nuevo ataque a la Carta Magna está dificultando la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña, provocando una fractura social de difícil cicatrización, e incluso ha puesto en riesgo la propia democracia en esta comunidad autónoma, que, por cierto, disfruta de un mayor autogobierno que el resto de las regiones españolas», dice en su comunicado.
«En este punto, el Colegio de Abogados de Málaga quiere dejar clara una vez más la defensa del orden constitucional, que salvaguarda los derechos y libertades públicas de todos los españoles, e insiste en la necesidad de su cumplimiento sin excepciones», remacha finalmente.
