La Físcalía presentará hoy dos querellas, una ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y 11 de los 12 exconsejeros del gobierno autónomo catalán -quedaría fuera Santi Vila, titular de Empresa y Conocimiento, que dimitió el jueves-, y otra ante el Tribunal Supremo contra la expresidenta del parlamento regional, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa, el vicepresidente, Lluís Guinó (JxSí); la secretaria primera, Anna Simó (JxSí); el secretario tercero, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot); y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet (JxSí).
La razón por la cual una va a la Audiencia Nacional y otra al Supremo es porque en el primer caso Puigdemont y los suyos han dejado de ser aforados mientras que en el segundo caso no es así porque siguen siendo aforados hasta que se defina quiénes formarán la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, el órgano que debe cumplir las funciones del mismo mientras se encuentra cerrado el periodo de sesiones.
De acuerdo con la ley, tiene que ser presidido por la presidenta saliente, Carme Forcadell; está compuesto de 23 miembros, designados por los grupos parlamentarios en proporción a su número.
El delito del que les va a acusar la Fiscalía es el de rebelión por la declaración ilegal y unilateral de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña la tarde del pasado 27 de octubre.
Está tipificado en el artículo 472 del Código Penal y siguientes y prevé penas de entre 15 y 30 años de prisión, las más graves para los jefes.
La Fiscalía entiende que la querella contra Forcadell y los miembros de la Mesa corresponde presentarla ante el Supremo, en vez de ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -que es el órgano al que le corresonde investigar y juzgar a los aforados autonómicos- porque los delitos de los que se les va a acusar son tan graves que no afectan sólo a Cataluña sino a toda España.
Por otra parte, al cierre de esta noticia, parece improbable que la Fiscalía solicite el ingreso en prisión de los querellados por las serias dudas que presenta la redacción del artículo referido a la rebelión ya que requiere la exigencia de «violencia».
Otra cosa sería que no acudieran a la citación, cuando el juez instructor del caso los convoque, lo que provocaría su detención inmediata para presentarlos ante la autoridad judicial.
