Emilio Fernández García es el presidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.
La Unión Progresista de Fiscales resalta el sistema judicial hipergarantista y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley
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10/11/2017 06:10
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Actualizado: 10/11/2017 01:15
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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) reivindica la vigencia del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el funcionamiento del sistema procesal, la división de poderes y las garantías del Estado de Derecho, asentadas en nuestro sistema democrático a través del imperio de la ley.
En un comunicado emitido por su Secretariado Permanente, que se reunió ayer por la tarde-noche en Barcelona, la UPF critica de un modo frontal el «durísimo cuestionamiento realizado recientemente a las decisiones judiciales que han acordado medidas limitativas de derechos a varios exconsellers de la Generalitat y representantes de asociaciones independentistas investigados por la Audiencia Nacional».
Una referencia clara al encarcelamiento preventivo del exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, a 7 exconsejeros y a los presidentes de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart, decidido por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Tal cuestionamiento, «en el Estado democrático en el que vivimos puede ser ejercido con total libertad», lo cual no debe «llevarnos a insinuar, en ningún caso, que en nuestro país las garantías y derechos de las personas sometidas a un proceso penal no son equiparables a las de cualquier nación de nuestro entorno».
SISTEMA HIPERGARANTISTA
De acuerdo con la UPF, «España es un Estado de Derecho en el que las decisiones judiciales y las solicitudes de la Fiscalía están sometidas, además de a un sistema hipergarantista en la instrucción y el enjuiciamiento de los investigados, al control y crítica de la opinión pública sin ningún tipo de cortapisa y con total transparencia».
«Pero una cosa es mostrar disconformidad con las decisiones judiciales adoptadas y otra muy distinta cuestionar el sistema y la integridad e imparcialidad de quienes tienen la difícil labor profesional de asumir con responsabilidad la respuesta penal a los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los últimos tiempos», añaden.
El desplazamiento del Secretariado Permanente a Barcelona ha tenido como objetivo «acompañar y poner de relieve nuestro apoyo a todos los compañeros de las Fiscalías catalanas» y también «dejar constancia y trasladar a nuestros asociados, a todos los fiscales y a la opinión pública» su compromiso «con el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad constitucionalmente establecida».
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