La Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento del PP, de su tesorera y varios asesores legales por presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional del partido.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, formada por los magistrados Mario Pestana, José Joaquín Hervás y Jacobo Vigil, ha desestimado los recursos presentados por el Ministerio Fiscal; el PP; la tesorera, Carmen Navarro; Fernández-Rodríguez, el asesor jurídico, Alberto Durán, y el director de sistema de información del partido, José Manuel Moreno.
Todos recurrieron el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, pero la Audiencia confirma la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, en un auto contra el que no cabe recurso.
La sección rechaza los argumentos de los recurrentes y sostiene que hay «indicios suficientes» de la comisión de posibles delitos de de daños informáticos previsto en el artículo 264.1 del Código Penal y de encubrimiento previsto en el artículo 451.2 del mismo cuerpo legal.
La Sección reafirma el criterio de instrucción que sostenía que ante una investigación sobre las cuentas de su tesorero en la Audiencia Nacional, el PP, en lugar de proceder al borrado de los ordenadores, debía haberlos puesto “a disposición del juez o al menos hacerle saber de su existencia”.
Además, la Audiencia apunta las dudas existentes sobre la titularidad de los equipos destruidos (es decir, si son del PP o de Bárcenas), pero, más allá de eso, pone el acento sobre el contenido de los mismos.
Los procesados afirmaron que los equipos no tenían contenido alguno, pero Bárcenas afirmó lo contrario. En este aspecto, el fiscal alegó «falta de credibilidad» de Bárcenas debida a sus numerosos contenciosos judiciales con el PP y a las distintas versiones que ha aportado.
Pero la Audiencia cree que la versión del extesorero «no resulta inverosímil», al igual que la juez de instancia, entiende que hay dudas sobre la existencia y aplicación de un «protocolo de borrado seguro» -como argumentaron los recurrentes- e indicios de que pudieran intentar borrar datos perjudiciales para los intereses del PP.
