La jueza Rosa María Freire, que investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado su decisión de procesar al PP por un delito de daños informáticos y ha aclarado «expresamente» que el de encubrimiento no se lo imputa por ser el partido una persona jurídica.
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha desestimado los recursos de reforma presentados por la Fiscalía, el Partido Popular y el que fuera informático de la formación José Manuel Moreno contra su decisión de procesar a éste, a la tesorera de la formación Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al propio partido como persona jurídica por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede de la calle Génova de Madrid.
La jueza confirma sus acusaciones en un auto dado a conocer este martes en el que acepta, no obstante, tramitar el recurso de apelación que de forma subsidiaria que presentó el Ministerio Público a fin de que sea finalmente la Audiencia Provincial de Madrid la que adopte una decisión definitiva sobre el caso.
La instructora rechaza los argumentos tanto del fiscal como del propio PP, que entendían que de la investigación de este asunto no se deducen pruebas de la comisión de los delitos de daños informáticos y encubrimiento por parte del partido o sus representantes, por lo que la causa debía ser archivada.
Y en cuanto a los argumentos empleados sobre los «protocolos de borrado aplicados«, según el auto de la jueza «omite el Ministerio Fiscal contextualizar las circunstancias que concurrían cuando se aplicaron«.
En este sentido, la juez entiende que existen «indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar, en su caso, por las unidades policiales especializadas, por cuanto todos los investigados eran conocedores de primera mano de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y sobre su financiación ilegal, entre otros delitos».
Considera que ante una investigación sobre las cuentas de su tesorero en la Audiencia Nacional, el PP, en lugar de proceder al borrado de los ordenadores, debía haberlos puesto «a disposición del juez o al menos hacerle saber de su existencia».
Ahora, tras el rechazo al recurso de reforma, y a expensas de si se aplica la doctrina Botín (puesto que tras la retirada de Luis Bárcenas, solo hay acusaciones populares) será la Audiencia Provincial la que estudie si existen indicios suficientes para llevar a juicio al PP y a los otros tres imputados.
