La Fiscalía Anticorrupción no se ha movido un milímetro de su posición en la pieza más política de la ‘Operación Kitchen’.
Mantiene intacta su petición de 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y para quien fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, a los que sitúa en el vértice de un dispositivo parapolicial destinado, según la acusación, a espiar y robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El giro de la jornada, sin embargo, ha llegado por otro flanco: los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano han quedado fuera del banquillo.
La presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha anunciado que dejan de ser acusados después de que la familia Bárcenas —acusación particular— y el PSOE y Podemos —acusaciones populares— hayan retirado la acción penal contra ellos.
La familia pedía inicialmente 41 años de cárcel para ambos; las acusaciones populares, penas que oscilaban entre 32 años y cuatro meses y 39 años.
El trámite de las conclusiones definitivas ha fijado el mapa penal con el que el caso queda visto para sentencia.
El fiscal César de Rivas ha ratificado su escrito: 15 años de prisión para Fernández Díaz, Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, y 19 años para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el rostro más reconocible de la trama.
El Ministerio Público también mantiene su calificativo sobre las figuras consideradas operativas dentro del engranaje. Para Sergio Ríos, el antiguo chófer de la familia Bárcenas que habría sido captado como confidente, sigue reclamando 12 años y cinco meses de prisión.
Para Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, conserva su petición de dos años y medio.
De Rivas ha consolidado además su decisión de no dirigir acusación contra Fuentes Gago, Díez Sevillano ni contra el comisario José Luis Olivera, línea que ya había marcado en sus conclusiones provisionales.
La acusación particular, hacia la rebaja de penas
En paralelo, la estrategia de la acusación particular ha virado claramente hacia una rebaja. La abogada de la familia Bárcenas ha ajustado a la baja su dureza inicial: de los 41 años de cárcel que reclamaba para el conjunto de acusados y 33 para el chófer, pasa ahora a pedir 17 años y medio para todos y 11 años y medio para Sergio Ríos.
También el PSOE y Podemos han decidido reducir sus exigencias punitivas, alejándose de las horquillas de entre 32 y 47 años de prisión que habían planteado al inicio del juicio.
Las defensas, por su parte, han convertido en definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicitan la absolución total de sus clientes.
Con las posiciones ya fijadas, la ‘Operación Kitchen’ queda en manos del tribunal, que deberá decidir si existió o no esa estructura paralela que, desde el corazón del Ministerio del Interior, habría tratado de controlar —por vías ajenas a la legalidad— el riesgo judicial y político que suponía Luis Bárcenas para el Partido Popular.
