De izquierda a derecha, Manuel Luna, Victor Casaleiro, Francico Monterde, Álvaro Martín, María Jesus Barco, Javier Mariano Ballesteros, Manuel Almenar, Carmen Pilar Caracuel, Francisco Silla, Antonio Recio, José Ramón Solis, Celso Rodríguez Padrón.
«La unidad de acción con las demás asociaciones ha dado muy buenos resultados», según Manuel Almenar, presidente de la APM
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15/11/2017 06:15
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Actualizado: 15/11/2017 11:21
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«Fue una de nuestras grandes apuestas cuando iniciamos este mandato, hace dos años. La creación de un frente asociativo común con las tres asociaciones de jueces hermanas. La unidad de acción con todas ellas ha dado muy buenos resultados a todos los niveles. Ha sido un acierto y pretendemos continuarlo». De esta forma se pronuncia Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que tiene 1.400 afiliados y que entre hoy, miércoles, y el viernes celebra en Santander su XXIII Congreso Nacional.
El Comité Ejecutivo que lidera, formado por 10 personas, más los portavoces Celso Rodríguez Padrón y María Jesús del Barco, presentará su rendición de cuentas -un Informe de Gestión de 32 folios que cubre diez frentes de actividad diferentes, de vital importancia para la asociación- ante los 200 compromisarios elegidos por sus compañeros para valorarlo y votarlo.
También tendrán que ratificar la continuidad del Comité Ejecutivo que salió del XXII Congreso Nacional de Logroño de hace dos años, si bien cuatro de sus miembros –Antonio Piña, José Ramón Solís, Francisco Silla y Javier Mariano Ballesteros– tendrán que abandonar sus puestos para dar entrada a savia nueva al haber cumplido el tope máximo de 6 años en esa responsabilidad.
Precisamente fue en aquel Congreso, en el que Almenar fue elegido como presidente, se forjó la política de unidad de acción asociativa.
«Hay que decirlo claro -dice Almenar-: Es más lo que nos une que lo que nos separa. Las cosas importantes sólo se pueden conseguir entre todos, pero manteniéndonos fieles a los principios que nos vieron nacer como asociación, adecuandonos, a la realidad, pero sin envejecer con ella».
24 MESES
En estos 24 meses, la APM y las asociaciones hermanas han conseguido convertirse en el interlocutor privilegiado con el Ministerio, con el Parlamento y con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, robándole el protagonismo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, en un año y medio no ha cumplido con su compromiso de elaborar un estudio sobre las cargas de trabajo para este mes de noviembre.
El último éxito de la acción conjunta de la APM y del resto de las asociaciones ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recuperando los días que la crisis económica les arrebató en 2012.
«El pasado mes de julio presentamos al ministro de Justicia, Rafael Catalá, 14 propuestas para la mejora de la Justicia que han dado sus frutos en cuatro grupos de trabajo conjuntos con el Ministerio que ya han celebrado las primeras reuniones de trabajo: uno sobre el expediente digital, otro sobre medidas de protección social y un tercero sobre sustituciones. El cuarto, sobre retribuciones, está previsto que eche a andar el 28 de noviembre próximo», explica Almenar.
Los diputados que componen la subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuyo cometido es generar una «Hoja de ruta» para la reforma de la Administración de Justicia, agradecieron las aportaciones que las asociaciones realizaron en este campo, durante su comparecencia en la Cámara Baja.
PACTO DE REFORMA DE LA JUSTICIA
«Es necesario un Pacto de Reforma de la Justicia en el que todos los grupos políticos se comprometan y que comprendan la reforma y el funcionamiento del CGPJ, regresando al funcionamiento colegiado de la institución, una vez que se ha comprobado que el presidencialismo actual no funciona, así como la modificación del sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial», dice Almenar.
«Pero también hay que rediseñar la carrera judical, abordar los cambios organizativos necesarios en la Administración de Justicia, implantar los tribunales colegiados en primera instancia, delimitar las competencias en materia de Justicia del Ministerio, el CGPJ y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, acabando con los solapamientos que ahora se producen, reformar la demarcación de acuerdo con las demandas de sociedad, hacer una implantación de las nuevas tecnologías con cabeza, profesionalizar el cuerpo auxiliar», señala el presidente de la APM.
La determinación con la que enumera los objetivos por conquistar confiere a sus palabras un fondo de certeza.
«Son objetivos factibles que están al alcance de la mano. Sólo hay que continuar por la misma senda. Cargados con la determinación que hemos mostrado hasta ahora. Porque tenemos la razón de nuestra parte. Es sólo cuestión de tiempo que se materialice. Pero para ello hay que seguir trabajando», concluye Almenar.
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