El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga los insultos y amenazas vertidos contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un chat integrado por un centenar de policías municipales de la capital, cuyo contenido fue desvelado por un agente que consideró que podrían constituir un delito de odio.
El chat fue creado hace dos años para tratar el asunto del turno de noche del Cuerpo y lo componen unos 150 personas. Todo comenzó tras los atentados en Cataluña de este mes de agosto, cuando un grupo de cinco o seis agentes comenzaron a ofender a Carmena por su posición sobre el conflicto catalán.
«Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros», «Qué vejestorio más despreciable«, o «vieja hija de la grandísima» fueron algunos de los mensajes, y no lo más graves, según ha publicado hoy eldiario.es.
Estas ofensas no sólo se dirigían contra Carmena, sino que luego se fue extendiendo a políticos de izquierdas o independentistas, como Pablo Iglesias o Gabriel Rufián, periodistas, inmigrantes y también sindicalistas.
De hecho, fue un delegado sindical de CC.OO., integrante de ese chat, el que les reprochó allí sus comportamientos. A partir de ese momento comenzó a recibir insultos y amenazas continuadas y fue expulsado de la conversación. Por todo ello, decidió interponer la semana pasada una denuncia y el viernes la ratificó ante el Juzgado que dirige Josefa Bustos.
El portavoz de CC.OO. en Policía Municipal en el Ayuntamiento, Emiliano Herrero, ha respaldado a su compañero porque entienden que lo dicho por algunas personas en ese chat pueden ser constitutivos de delitos de amenazas, injurias y también casos de apología del fascismo y la xenofobia, ya que presuntamente también había mensajes en ese sentido.
No obstante ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que los autores son un grupo «muy minoritario» dentro del Cuerpo local, con «unas características que hay que depurar».
«La plantilla en general es muy profesional, bien formada y con unos valores democráticos importantes. Lo más grave es que sean agentes municipales, que se dedican a proteger los derechos de los ciudadanos, los que hayan hecho esto», ha concluido. (CONFILEGAL/EP)
