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Agentes de la Propiedad advierten que la nueva reforma hipotecaria no protege totalmente al consumidor

Diego Galiano, presidente del Consejo General de Agentes de Propiedad inmobiliaria.
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Nueva polémica abierta tras la llegada al Congreso del proyecto de ley de Crédito Inmobiliario que el Gobierno tramita para adaptarse a una directiva del 2015. El Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria reclama que dicha norma desarrolle una protección total para el consumidor a lo largo de todo el proceso de compra de la vivienda, ya que en la actual redacción sólo se amplía la protección para la firma de la hipoteca.

En esta ocasión, el colectivo de intermediarios inmobiliarios, más de 4.100 en nuestro país advierte de la falta de protección del consumidor, especialmente “en la fase previa, en la gestión y negociación de la compraventa de la vivienda, cuando se negocian todas las condiciones y se plasman por escrito”, explica Diego Galiano, presidente de dicho Consejo General a CONFILEGAL.

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Al mismo tiempo, señala que la colegiación es voluntaria “lo que hace que muchos profesionales realicen esta actividad sin estar colegiados”. Pero lo más sorprendente que nos indica es que “ejercer esta actividad es totalmente libre. No se necesitan requisitos para desarrollarla. Ni saber leer ni escribir se pide”, aclara Galiano.

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Para este experto es fundamental establecer cierta metodología de control a estos profesionales que suministran información “es fundamental que el consumidor acceda a la información correcta porque se juega mucho cuando compra una vivienda”.  La desregulación de la actividad se hizo en el 2000 cuando Rodrigo Rato era Ministro de Economía y aprobaba ese verano un Real Decreto “se pensaba que solo limitarlo a un cuerpo profesional encarecía las operaciones por eso se liberalizó tanto”.

Galiano valora el Proyecto de Ley de Crédito Hipotecario y considera positiva la mejora en la transparencia y seguridad al prestatario, pero pide que este elevado nivel de protección se extienda también a la fase precontractual de la compraventa, consiguiendo así la completa seguridad y transparencia del proceso de compra de una vivienda.

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“Se trata de hacer una compra consciente con asesores profesionales que le hayan dado al consumidor la información que necesita para gestionar su hipoteca”. Y destaca que “pasados diecisiete años aún sigue sin regularse la intermediación inmobiliaria.  Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria no queremos la exclusiva del mercado pero sí que se regule esta práctica”.

“Cuando un potencial comprador se sienta en la entidad bancaria en busca de su financiación para comprar la vivienda, normalmente ya ha visitado y apostado por un inmueble, ya le han fijado las condiciones de la compraventa, ya ha firmado un contrato privado y posiblemente haya entregado incluso una cantidad a cuenta”, señala.

Eliminar el vacío legal en la intermediación inmobiliaria

 Galiano señala a nuestro medio que en los últimos meses este colectivo ha iniciado una serie de consultas parlamentarias a fin de buscar apoyo para esta reivindicación. “no tiene sentido que se legisle sólo sobre una parte del proceso, dejando en un vacío legal la actuación de los intermediarios inmobiliarios y el previo consenso de voluntades, que es la parte más importante de todo el proceso”.

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En este sentido, el vocal del Consejo General José Luis Polo, señalaba la importancia de regular por ley esta fase precontractual, ya que es el momento en el que se fijan todas las condiciones de la compraventa a través de un contrato privado. “Cuando una compraventa llega al notario todas las condiciones están atadas y comprometidas en una fase anterior, en la que no hay ninguna legislación y el consumidor está totalmente desprotegido”, afirma.

Por ello, considera ilógico que se legisle de forma aislada sobre la contratación del crédito hipotecario. “Es inconcebible que se asegure la trasparencia de un negocio accesorio, el crédito hipotecario, y se abandone la regulación expresa de la transparencia del negocio principal, la compraventa de la vivienda”, argumenta Polo.

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Como vienen denunciando los API en los últimos años, en España no existe regulación de la intermediación inmobiliaria, ni exigencias sobre la información necesaria para una compra consciente e informada: superficies reales, ITE, cargas administrativas, situación urbanística, comunidad de propietarios…

Reforma hipotecaria necesaria que llega tarde

En todo caso, respecto al proyecto de ley en tramitación, Diego Galiano considera que era “absolutamente necesario y urgente” que se aprobara una normativa que garantizara información, protección y seguridad en los contratos con las entidades bancarias, evitando además comisiones, gastos y vinculaciones obligatorias de productos que eran desproporcionadas».

No puede obviarse que los ciudadanos acuden al mercado inmobiliario e hipotecario una o dos veces en su vida, y que ese vínculo con una entidad bancaria se prolonga por decenas de años normalmente”, expone Galiano.

“Es preciso que la familia o persona que vaya a endeudarse durante décadas sea plenamente consciente de lo que contrata y de los riesgos que asume, y los poderes públicos están obligados a que se les facilite información veraz, completa y unívoca. Solo de esta forma habremos aprendido de los errores del pasado”, apunta.

El presidente del Consejo General API valora positivamente las medidas que introduce el Proyecto de Ley como limitar las comisiones por cancelación, prohibir las ventas vinculadas de productos, eliminar los incentivos para la plantilla de los bancos por captar hipotecas, conversión de hipotecas variables a fijas, y endurecimiento de la cláusula de vencimiento anticipado. “Habrá luz, control, equilibrio y mucha más protección en el sector hipotecario”, señala Diego Galiano.

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En especial, destaca el gran aumento de la transparencia con la nueva norma, al crear un modelo tipo de hipoteca para facilitar su entendimiento por los ciudadanos, que además podrán acudir al notario siete días antes para que éste les verifique el contenido de su contrato, eliminado las posibles cláusulas abusivas.