Societat Civil Catalana (SCC) denuncia el posicionamiento de numerosos colegios profesionales catalanes a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña, «situándose al margen de los fines estatutarios que les son propios y de la defensa y representación de los intereses profesionales». Y hace un llamamiento a todos los profesionales afectados para que denuncien el posicionamiento ideológico de estas corporaciones.
Además, SCC defenderá a los colegiados cuando se vulneren sus derechos y libertades fundamentales, porque -recuerda- la «colegiación en los distintos colegios obedece a motivaciones profesionales, y en ocasiones de carácter obligatorio para poder ejercer la profesión, pero nunca por motivos políticos o ideológicos», según un comunicado hecho público hoy.
«Tanto la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, como la Ley 7/2006, de 31 de mayo, de Colegios Profesionales de Cataluña, y los respectivos Estatutos de estas corporaciones, disponen que la finalidad de las mismas es velar para que la actuación de sus profesionales responda a los intereses y necesidades de la sociedad, en relación con el ejercicio profesional».
«Cobra especial atención el cumplimiento de las buenas prácticas y las obligaciones deontológicas de la profesión, así como representar y defender los intereses profesionales de sus integrantes, en los mismos términos en los que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 89/1989, de 11 de mayo», añade.
SENTENCIA DEL TSJCat
SCC hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) de 1 de diciembre de 2016, referida al Colegio de Abogados de Cataluña, cuya Junta de Gobierno se adhirió, en 2013, al llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que impulsaban los partidos que organizaron el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
“Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido”, añadía la sentencia del TSJCat.
Concluía afirmando que el ICAB había vulnerado, con esa decisión, “la libertad ideológica, de expresión y de asociación” de los colegiados por lo que sentenció que el Colegio de Abogados de Barcelona debía abandonar ese Pacto.
La Junta de Gobierno del ICAB se había excedido de sus funciones estrictamente colegiales y con ello rompió la neutralidad ideológica o política que se espera de un colegio profesional.
«Cabe destacar el supuesto en que la colegiación es obligatoria, que al imponerse una opción ideológica o política que excede los fines de los colegios profesionales, supone una vulneración del derecho fundamental a la libertad ideológica, de expresión y de asociación. Todas ellas, libertades indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial, propugna la Constitución española», concluye SCC.
Los días precedentes al 21 de noviembre, el ICAB fue criticado por SCC, Llibertats y Abogados Catalanes por la Constitución, por ceder el salón de actos del Colegio a las organizaciones separatistas ANC y Òmnium Cultural para la celebración del acto “Cop a l’Estat de Dret” (Golpe al Estado de Derecho). Un ejemplo del uso partidista de los colegios profesionales que SCC denuncia.
