El plazo para la trasposición de la a 2014/17/CE, directiva hipotecaria, terminó el pasado 16 de marzo de 2016. La Comisión ha advertido al gobierno español de su retraso en sendas ocasiones: en abril y mayo pasados y el pasado 17 de noviembre.
Desde Navas & Cusí lanzamos nuestra primera advertencia en mayo de 2016. Así se lo hicimos saber a Economía cuando abrió a consultas su anteproyecto y en ocasiones posteriores.
El gobierno parece excusarse en la existencia de un gobierno interino y en la crisis catalana. Sin embargo, más allá de los problemas objetivos, no puede eludir sus obligaciones comunitarias e institucionales.
La no trasposición, su trasposición parcial -como se pretende- o su retraso, no son alternativas posibles.
El principio de primacía del derecho europeo no sólo obliga a los gobiernos a trasponer en tiempo y forma sino que su incumplimiento no hace que la directiva no esté vigente. Así lo señalan sendas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como el caso Francovich.
O dicho de otra manera: Luxemburgo entiende que el ciudadano no tiene la culpa de que su gobierno no haya traspuesto las directivas en tiempo por lo que señala que aún sin haber sido traspuesta, la directiva es plenamente vigente e invocable ante los tribunales nacionales.
En definitiva, el retraso del gobierno español genera una inseguridad jurídica que nadie desea.
Las hipotecas constituídas desde el pasado 21 de marzo de 2016 se encuentran en una situación de limbo jurídico y podrían ser susceptibles de ser declaradas nulas.
