Navas & Cusí.

Según el abogado, "toda operación de financiación ha de venir acompañada de un análisis de riesgos y de la capacidad de atender los pagos".

Juan Ignacio Navas ha presentado esta novedosa reclamación en nombre de los LAJ ante la OIT, que tiene su sede en Ginebra, Suiza.

El pronunciamiento de la CE llega después de que el Defensor del Pueblo Europeo iniciara una investigación.

"Mientras se mantenga esta deriva, a España no se les va a conceder estos fondos", afirma la presidenta de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso.

La organización EPA solicita que el Defensor del Pueblo europeo reconozca que la CE ha vulnerado su deber de control respecto a la denuncia contra el Reino de España, donde, afirman, las medidas legales aprobadas no han impedido que se sigan haciendo contratos temporales en el sector público de forma abusiva.

La denuncia ha sido presentada por cuatro Federaciones nacionales de reparación y de venta de vehículos.

No es la primera vez que Navas & Cusí empieza una demanda a través del Parlamento Europeo para luego pasar a los tribunales de justicia.

Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, escribe esta columna a raíz de la polémica por las diferencias de criterio entre juzgados y audiencias.