El Defensor del Pueblo de la Unión Europea ha admitido a trámite la reclamación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso (EPA), dirigida contra la Comisión Europea (CE). Este documento, interpuesta por el despacho Navas&Cusí, refiere al manejo de la CE de la denuncia múltiple por infracción del Reino de España de la Directiva Europea 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada.
La EPA pide que se dicte resolución para reconocer la mala administración de la CE, además de la información «confusa y contradictoria» que ha difundido respecto a la denuncia de la misma organización. Esta denuncia previa señala que el Estado español no ha efectuado la transposición de la Directiva 1999/70/CE en su ordenamiento jurídico ni en la normativa que regula la contratación en el sector público.
También solicitan que el Defensor del Pueblo Europeo reconozca que la CE ha vulnerado su deber de control respecto a la denuncia contra el Reino de España, donde, afirman, las medidas legales aprobadas no han impedido que se sigan haciendo contratos temporales en el sector público de forma abusiva. Un problema que afecta a dos millones de trabajadores en las distintas administraciones públicas.
Las acusaciones contra la CE señalan que se ha limitado a informar a los denunciantes que sigue en la fase de análisis del problema y la normativa aplicable, incluyendo la nueva Ley 20/2021 que, según la presidenta de EPA, María Concepción Rodríguez Fariña, «es igual que la anterior y sigue sin tener un efecto útil».
«Cada Estado europeo puede decidir cómo aplicar las normativas comunitarias, pero lo que no se puede consentir es que las directivas no tengan efecto útil», afirma Rodríguez, que sentencia que Adam Pokorny, jefe de la Unidad de Derecho Laboral de la CE, seguía pidiendo documentos que ya le habían entregado.
Rodríguez afirma que entregó al Defensor del Pueblo Europeo «documentos y pruebas de la falta de acción de la CE», incluyendo respuestas de Pokorny, un paso precedido por una queja ante el CE que fue respondida fuera de plazo y, en sus palabras, con una argumentación insuficiente.
Si bien la figura del Defensor del Pueblo Europeo no es vinculante, Rodríguez apunta que su efecto es indirecto, especialmente por su capacidad de solicitar investigaciones «al milímetro» de las situaciones denunciadas y de exigir que el incumplimiento de las directivas comunitarias tengan consecuencias para los Estados. A partir del 31 de octubre, día en que admitió a trámite la reclamación, tiene dos meses para pronunciarse.
El socio director del despacho Navas&Cusí, Juan Ignacio Navas, ha declarado que «la temporalidad excesiva y abusiva de las relaciones de trabajo en el sector público español se ha convertido en un mal endémico y en un problema estructural de gran envergadura».
Por eso, en la reclamación «se pone de manifiesto el hecho de que la Comisión Europea se contradice constantemente en cuanto a sus decisiones y comunicaciones con respecto a la denuncia múltiple», según el abogado.
