La paralización de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a España está ligada a la situación abusiva de los empleos temporales, según María Concepción Rodríguez Fariña, presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso (EPA).
«Mientras se mantenga esta deriva, a España no se les va a conceder estos fondos», afirma Rodríguez. «O dan un frenazo a los procesos de Concurso de Méritos, que limita los derechos de los trabajadores a diez años de trabajo, o no le vemos salida», denuncia, reclamando una unificación de criterios entre las comunidades autónomas.
Así se ha manifestado luego de que la EPA se reuniera con las representantes de la Comisión Europea (CE) en España, María Ángeles Benítez Salas, directora, y María Canal Fontcuberta, consejera económica, para trasladarles las acciones emprendidas, incluyendo dos denuncias interpuestas por el despacho Navas & Cusí y aceptadas ante el Parlamento Europeo y una queja para el Defensor del Pueblo Europeo a raíz de la ineficiencia de la misma CE, y que estas lleven sus quejas a sus homólogos comunitarios.
La EPA acusa al Gobierno español de enviar documentación a Bruselas con información que no corresponde a la realidad. Rodríguez apunta que desde el Poder Ejecutivo «justifican que la reducción de la temporalidad tendría un ‘coste cero’, mientras que la indemnización y compensaciones que corresponden a los trabajadores temporales son inasumibles».
«No se puede cumplir el objetivo de alcanzar un 8% de empleo temporal en la Administración pública, pero está en más de 35%, un máximo histórico», denuncia Rodríguez.
Adicionalmente, desde Madrid y Barcelona se han elevado dos casos de prejudiciales después de la ley 20/2021, que sigue sin cumplir las condiciones comunitarias, para que el TJUE establezca las actuaciones a tomar ante la falta de sanciones.
La opacidad y el manejo de datos erróneos por parte de los órganos de control del Estado español, incluyendo los portales de transparencia de las comunidades autónomas como la Administración General del Estado formaron también parte de la acusación de EPA.
Además marcan la admisión a trámite de su queja ante el Defensor del Pueblo Europeo como un hito, principalmente por justificar toda la evidencia y documentación que aportaron como denuncia de la situación del empleo temporal.
Según Rodríguez, la directora de la Representación «dijo que la Administración española estaba sobredimensionada, ¿pero cómo va a ser eso si hay carencias en sanidad y educación?». «Más bien hay demasiada gente cobrando del erario público, como cientos de asesores políticos».
