Menos de dos meses tiene España para cumplir con las obligaciones impuestas desde la Unión Europea en materia de protección de periodistas. Así lo determinaba la Comisión Europea, que ha lanzado un «ultimátum» al país para fijar la normativa española en cuanto a la transposición Anti-SLAPP.
Frenar las conductas intimidatorias que se convierten en demandas civiles contra los periodistas. Demandas que, generalmente, están destinadas a ser desestimadas por los tribunales, pero que se convierten en una losa en cuanto a la labor periodística e informativa.
En esto consiste, a grosso modo, la directiva europea Anti-SLAPP, que daba a los países miembros de la Unión hasta el 7 de mayo de 2026 para transponer la directiva 2024/1069.
Es decir, una protección destinada a periodistas, ONG, organizaciones de medios de comunicación y activistas frente a organismos que busquen silenciar, a través de demandas, las informaciones más ‘incómodas’.
Normativa que tendría que estar ya vigente en España, según las exigencias europeas. Especialmente, después de la aprobación del anteproyecto de ley para su transposición, en Consejo de Ministros, el pasado mes de abril.
Sin embargo, pasado el plazo impuesto por Europa a los países miembros, España aún no ha cumplido con el mandato en cuanto a esta protección judicial hacia los periodistas y medios de comunicación.
Algo que no ha pasado desapercibido dentro de la Comisión Europea, que no ha dudado en dar un «ultimátum» al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La protección de los periodistas, un asunto clave
Así pues, la Comisión Europea enviaba recientemente un «ultimátum» a España para trasladar a la legislación nacional la normativa Anti-SLAPP europea.
Un aviso por parte de la entidad europea que está enmarcado dentro de un expediente sancionador, y que da un margen de apenas dos meses para que el Ejecutivo nacional cumpla con la normativa europea, y notifique de este cumplimiento a la Comisión Europea.
Algo que, de no producirse, no sólo implicaría una profunda desprotección judicial para los profesionales periodistas españoles.
También supondría el inicio de un trámite para que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) imponga una sanción económica al país.
Sanción que no sólo afectaría a España, sino que también otros países han sido apercibidos por incumplir esta normativa de protección a medios de comunicación, periodistas u ONG.
En concreto, también han sido apercibidos Bulgaria, República Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovaquia.
Países que contarán con este verano para cumplir con la normativa europea, bajo la amenaza de ser sancionados por ello.
