El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para transponer la directiva europea conocida como ‘Anti-SLAPP’, una norma orientada a proteger a quienes participan en el debate público frente a demandas abusivas o manifiestamente infundadas.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es evitar “persecuciones judiciales” mediante demandas sin fundamento que buscan impedir que periodistas, activistas u otros actores puedan desarrollar su labor.
Según ha señalado el ministro, la iniciativa pretende frenar conductas intimidatorias que se materializan en la interposición de demandas civiles destinadas previsiblemente a ser desestimadas, pero que, en el proceso, limitan o dificultan la actividad de estos profesionales.
Aunque ha apuntado que este fenómeno no es frecuente en España, sí ha destacado la existencia de litigios de carácter transfronterizo, lo que justifica la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a la normativa europea.
En este contexto, la norma permitirá que asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades puedan personarse en los procedimientos judiciales junto a la persona demandada, con el fin de apoyarla y acompañarla.
El anteproyecto contempla, además, la exigencia de cauciones más elevadas a los demandantes para cubrir las posibles costas derivadas de la desestimación de la demanda.
La directiva ‘Anti-SLAPP’ introduce mecanismos de desestimación temprana
Asimismo, se introducen mecanismos de desestimación temprana para aquellas demandas que sean manifiestamente infundadas, con procedimientos ágiles que permitirían resolver estos casos en pocas semanas.
Para la transposición de la directiva, el Ejecutivo prevé aprobar una ley ordinaria que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, así como una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En paralelo, el Gobierno ha aprobado también una reforma para transponer un reglamento europeo que busca mejorar la obtención y conservación de pruebas digitales en procedimientos judiciales, especialmente en el ámbito transfronterizo.
Bolaños ha subrayado que estas pruebas son “fundamentales” en investigaciones relacionadas con el crimen organizado y redes que operan en varios países de forma simultánea.
La futura normativa introducirá dos nuevas órdenes europeas: una para la entrega de pruebas digitales obtenidas en otro país de la Unión Europea y otra para requerir a empresas tecnológicas la conservación de datos relevantes para una investigación.
Como principal novedad, se permitirá que jueces, fiscales y, en situaciones de extrema urgencia, la policía judicial puedan dirigirse directamente a los prestadores de servicios tecnológicos para solicitar la conservación o entrega de pruebas.
Estos operadores dispondrán de un plazo de hasta diez días para responder, que podrá reducirse a cuatro horas en supuestos urgentes, siempre en el marco de investigaciones que afecten a distintos países de la Unión Europea.
