La Comisión Europea (CE) ha emitido un escrito de observación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, vulnera la Directiva europea 1999/70, con lo que reconoce la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) respecto a la temporalidad en contratación pública como abusiva.
El socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, ha destacado que se trata de la primera vez que la CE se pronuncia sobre la Ley 20/21, a la que califica de «un argumento de que el Gobierno se esfuerza en aplicar la directiva», aunque este hito no representa todavía una resolución judicial definitiva. En este sentido, señala que espera que los jueces se reúnan a mediados del año para emitir una sentencia.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso (EPA), de la mano de Navas & Cusí, había denunciado al TS por su reciente validación de la Ley 20/21 y lo que la presidenta de EPA, María Concepción Rodríguez Fariña, califica como «su empeño en hacer oídos sordos a las directivas y Justicia de la Unión Europea».
Rodríguez expresa su esperanza de que «se aplique la fijeza en sus puestos de trabajo a todos los empleados en abuso, como sanción al abuso cometido durante décadas por parte de la Administración pública en un ejercicio impresentable de hipocresía»
«El TS es el máximo órgano de la judicatura en España y tanto este como los Tribunales Superiores de Justicia se han empeñado en dictar sentencias contrarias a la directiva 1999/70», dice, indicando que desde la organización han recibido «respuestas de los TSJ incidiendo en que no tienen nada que explicar por su insistencia en ningunear pronunciamientos del propio TJUE y el efecto útil de la directiva europea, cuestión que no se puede vulnerar en ningún caso».
Si el TJUE le da la razón a los denunciantes, «supondrá un caos ante los falsos procesos de estabilización que se han publicado a lo largo de todo el territorio nacional», declara Rodríguez, afirmando que «si esta ley se cae, podrían decaer todos los procesos irregulares derivados de ella, lo que supondrá duplicidad de plazas, cientos de miles de reclamaciones, ceses nulos y un gasto inmenso para las arcas del Estado».
Rodríguez expresa su esperanza de que «se aplique la fijeza en sus puestos de trabajo a todos los empleados en abuso, como sanción al abuso cometido durante décadas por parte de la Administración pública en un ejercicio impresentable de hipocresía». «Deberían de ser los primeros en dar ejemplo en una cuestión que se aplica directamente a la empresa privada y cuya Directiva 1999/70 afecta tanto a privada como a pública», reclama.
El pronunciamiento del CE llega después de que el Defensor del Pueblo Europeo iniciara una investigación tras admitir a trámite una reclamación de EPA por lo que consideraban un manejo «confuso y contradictorio» por parte del órgano europeo de la denuncia múltiple por infracción del Reino de España de la Directiva Europea 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada.
Sobre las expectativas en cuanto a las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo y la futura sentencia del TJUE, Navas señala que desde el despacho hay un sentimiento general de optimismo. «Quedamos a la espera», puntúa.
