La Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O’Reilly, ha abierto un procedimiento de investigación sobre la Comisión Europea sobre el tema de la tramitación de las dos denuncias presentadas, el 5 de julio de 2021 y el 29 de marzo de 2022, por la Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso (EPA).
La investigación se centra en la manera con la que la Comisión Europea tramitó las dos denuncias de la EPA –de la que es presidenta María Concepción Rodríguez Fariña–, emitiendo contestaciones confusas y en las irregularidades administrativas producidas por decisiones contradictorias de la Comisión Europea en cuanto a las mismas denuncias.
La decisión ha sido adoptada por la Defensora del Pueblo Europeo tras ser admitida a trámite la reclamación interpuesta por el despacho Navas & Cusí en representación de la citada asociación, según consta en notificación del 31 de octubre de 2022.
«La temporalidad excesiva y abusiva de las relaciones de trabajo en el sector público español se ha convertido en un mal endémico y en un problema estructural de gran envergadura, siendo que la temporalidad en este sector absorbe tanto relaciones estatutarias, funcionariales, como laborales», según el socio director de la firma, Juan Ignacio Navas.
PASIVIDAD Y MALA ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN
O’Reilly estimó la alegación de EPA sobre la pasividad y la mala administración de la Comisión a la hora de contestar a las quejas planteadas, siendo que la misma ni siquiera ha leído su contenido completo pues, de lo contrario, hubiese llegado a una única conclusión, y es que los argumentos dados en ambas quejas presentadas estaban totalmente fundamentados y respaldados, tanto por normativa de la Unión Europea como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ambas quejas presentadas por esta parte fueron desarrolladas de manera pormenorizada y fueron complementadas con un análisis jurídico exhaustivo de la nueva Ley 20/2021 donde se aportó información suficiente para apoyar al argumento sobre la infracción de la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70 sobre el abuso de contratos temporales en el sector público.
La Defensora del Pueblo Europeo abrió la investigación solicitando a la Comisión Europea que le informe sobre el estado de las denuncias presentadas por EPA en relación con el abuso en la utilización sucesiva de contratos de duración determinada en España.
En particular, esta institución pidió a la Comisión que precisara si esas denuncias forman parte de la denuncia múltiple abierta desde el año 2013 y que justifique sus contestaciones confusas sobre el estado de dichas denuncias hasta el 31 de enero de 2023.
Emily O’Reilly es la primera mujer en ocupar el puesto de Defensor del Pueblo Europeo. Fue elegida, por vez primera, en julio de 2013. El Parlamento Europeo le renovó en dicha responsabilidad, por mayoría absoluta, en 2019. Antes de ocupar esta responsabilidad fue Defensora del Pueblo de Irlanda. Su profesión es la de periodista.
El Defensor del Pueblo Europeo es un órgano independiente e imparcial, creado en 1995, encargado de pedir cuentas a las instituciones y agencias de la UE (excluido el Tribunal de Justicia) y de promover los principios de buena administración.
La oficina tramita las reclamaciones de particulares y personas jurídicas sobre supuestos casos de mala administración en las instituciones de la UE, y también examina de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias, como la transparencia y si se trabaja con un enfoque orientado a servir al ciudadano.
