La Fiscalía ha solicitado hoy cinco años de cárcel y otros cinco de inhabilitación para el exconsejero andaluz de Cultura Luciano Alonso por presunta falsedad en documento público en el nombramiento de tres altos cargos de la Junta, causa por la que ya fue juzgado pero por un delito de prevaricación del que fue absuelto.
Así lo ha expresado el Ministerio Público durante el juicio que se ha celebrado este miércoles contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un presunto delito de falsedad continuada en documento público en relación a los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF), y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.
Al elevar a definitivas sus conclusiones el fiscal también pide para él cinco años de inhabilitación y multa de 12.000 euros. Lo hace al entender que las órdenes de nombramiento que firmó el entonces consejero de Cultura entre 2012 y 2015 «no se ajustaban a la realidad», «eran falsas» y suponen «documentos simulados», atribuyendo a Alonso la «voluntad» de querer con ello «trastocar la realidad».
El juicio se produce después de que el Tribunal Supremo confirmara la absolución del exconsejero por el delito de prevaricación por el que inicialmente le acusaba la Fiscalía debido a estos nombramientos, pero ordenara que se le volviera a enjuiciar por el presunto delito de falsedad que le atribuyó en el último momento, al elevar a definitivas sus conclusiones.
La vista oral contra Luciano Alonso se ha retomado, tal y como ordenó el Supremo, desde este mismo momento, de modo que se ha centrado en las exposiciones del Ministerio Fiscal y de la defensa del exconsejero, que ha pedido para él una sentencia absolutoria y ha tachado de «temeraria y absurda» la acusación.
Entre otros extremos, el letrado ha sostenido que la alteración de documentos que alega la Fiscalía no tiene sentido una vez que Alonso ha sido absuelto de prevaricación por el TSJA y el Supremo y que ambas salas han concluido que «jamás hizo uso del amiguismo ni se desvió del servicio de la función pública».
