El sindicato Manos Limpias presentará a lo largo de este lunes una denuncia que se transformará en querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos, por permitir la continuidad de la acampada instalada en la Puerta del Sol.
Así lo ha adelantado el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, que fundamenta la iniciativa judicial en la falta de actuación de la Delegación del Gobierno para impedir un asentamiento que el sindicato considera ilegal.
Un inmovilismo que, para el sindicato, puede ser razón de un supuesto delito de prevaricación administrativa omisiva, previsto en el artículo 404 del Código Penal, y otro supuesto delito de omisión del deber de perseguir delitos, recogido en el artículo 408 del Código Penal.
La acampada, afirma la denuncia, «no está avalada, en un espacio público por ninguna norma del ordenamiento jurídico».
Y añade de forma tajante: «Es lisa y literalmente ilegal».
Manos Limpias también hace hincapié en que la situación es conocida públicamente y, por tanto, también por las autoridades responsables del orden público.
Una acampada en Sol centrada en la vivienda
La acampada comenzó durante la noche del sábado, una vez finalizada la manifestación celebrada en Madrid tras el desahucio de Maricarmen, y continúa instalada en la Puerta del Sol para reclamar la aprobación del denominado «decreto Maricarmen».
La protesta comenzó de forma espontánea tras finalizar la manifestación y durante la mañana del domingo permanecían en Sol alrededor de 500 personas, según las cifras facilitadas por la propia Delegación del Gobierno.
La presentación de la denuncia de Manos Limpias llega, además, después de que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid cuestionaran públicamente la actuación de la Delegación del Gobierno ante la permanencia de los manifestantes en la plaza.
El Ayuntamiento de Madrid acusó este domingo a la Delegación del Gobierno de «dejación de funciones» y de falta de diligencia ante la acampada.
Fuentes municipales defendieron que corresponde a la Delegación del Gobierno el control del orden público, especialmente en lo relativo al ejercicio del derecho de manifestación, y reclamaron que se «reponga la normalidad» en la Puerta del Sol.
El Consistorio recordó asimismo que, durante las protestas del 15M de 2011, los desalojos fueron organizados y coordinados por la Delegación del Gobierno.
La Comunidad de Madrid formuló también este domingo acusaciones contra el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, por permitir la continuidad de la acampada.
El Ejecutivo regional acusó al Ministerio de «lavarse las manos» al plantear que fuera la Policía Municipal la que procediera al desalojo.
«Lo que está haciendo el Ministerio del Interior es ilegal. Las competencias son de la Policía Nacional», aseguraron fuentes del Gobierno regional, que responsabilizaron al Gobierno central de la situación.
