María Emilia Casas durante su intervención en el II Congreso de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales ADiReLab.
María Emilia Casas plantea una amplia reforma legislativa donde el cambio tecnológico esté presente
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30/11/2017 05:59
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Actualizado: 30/11/2017 02:50
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Olvidar los parches y reformar ampliamente nuestra normativa en derecho del trabajo para hacer frente al alto grado de temporalidad de nuestro mercado de trabajo y al abuso del despido disciplinario, son dos recomendaciones que la ex presidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo, María Emilia Casas, planteó en el II Congreso de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales ADiReLab.
Más de doscientos expertos en relaciones laborales acudieron a la cita de AdiRelab en Madrid que coincide con el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT en un contexto de cambio “tanto del trabajo en sí como de las propias relaciones laborales”, como señaló en la presentación Manuel Pimentel, of Counsel de Baker Mckenzie y presidente honorario de la entidad.
En su intervención de clausura la ministra de Empleo, Fátima Bañez destacó que el marco de relaciones laborales no es neutral en la creación de empleo, si es flexible el despido deja de ser la primera medida de ajuste. Destacó que 581.000 empleos se han creado entre enero y octubre de 2017 y se cerrara este 2017 con más de 600.000 empleos, ya son 45 meses de crecimiento
A este respecto, la intervención de María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, sirvió para conocer con datos recientes del Parlamento Europeo cuál es la evolución del trabajo actual “ El cambio que se plantea con la transformación digital debe ser inclusivo y no exclusivo porque el trabajo debe seguir siendo un motor de cohesión social importante en nuestro entorno”.
En su turno de palabra, Casas destacó como el llamado trabajo típico, contrato indefinido y empleo estable, era solo del 59% y estaba retrocediendo de forma notable frente al auge del trabajo independiente otro 11%, un 4% de los autónomos o un 7 % del trabajo de duración determinada y otro 9% a tiempo parcial “Es fundamental buscar un marco normativo flexible que dé respuestas a este tipo de realidades como incluso a la propia economía colaborativa”.
Para esta experta, los dos problemas graves de nuestro ordenamiento jurídico tienen que ver con la excesiva temporalidad de la contratación y el uso indiscriminado del despido disciplinario. “Desde el grupo de trabajo que impulsa FIDE tenemos claro que ha llegado el momento de una reforma total de nuestro ordenamiento laboral que pueda gestionar mejor estos dos asuntos de nuestro derecho laboral”, subrayó.
A su juicio cuestiones como el tiempo de trabajo y el cambio tecnológico hay que tenerlos muy en cuenta para generar la seguridad jurídica necesaria entre empresarios y trabajadores. “Hay cuestiones como la monitorización de las herramientas de los trabajadores o el llamado derecho a la desconexión digital que pasan a ser importantes tras varios fallos del TEDH y del TJUE. Las medidas de flexibilidad en el trabajo deben ayudar a empresas y trabajadores”.
Sobre la temporalidad comentó que “hay actividades estacionales en nuestro país que se deben proteger como el turismo, la construcción o el sector agrícola pero el porcentaje del 28% a nivel de contratación temporal es inaceptable”. En cuanto al despido disciplinario y su abuso “es debido a que faltan otras herramientas laborales más sencillas que se puedan utilizar en la relación con el trabajador ya concluida”.
Casas destacó como el llamado trabajo típico, contrato indefinido y empleo estable, era solo del 59% y estaba retrocediendo de forma notable frente al auge del trabajo independiente otro 11%. Twitter.
La reforma integral legislativa es necesaria
Antonio de la Fuente, presidente de Adirelab y Director Corporativo de Recursos Humanos de Globalia, ha seguido muy atentamente la ponencia de Maria Emilia Casas “estoy de acuerdo con ella en esa reforma integral de nuestro derecho del trabajo que plantea. He participado con ella en el Grupo de Trabajo que impulsa FIDE. No podemos parchear más. Hay que revisar a fondo el Estatuto de los Trabajadores y toda la normativa relacionada con los temas laborales y redefinirlo desde el consenso”.
Para este experto en derecho del trabajo “ha llegado el momento de impulsar una mesa de trabajo donde todos los agentes sociales, asociaciones profesionales y el propio Gobierno se sienten y aporten sus ideas. Lo más importante es ver la realidad actual y la que viene por delante para ver como ajustar el marco normativo presente”. Se trata, de dar respuesta a las diferentes formas de trabajo que aparecen en este escenario.
Nuestro interlocutor recoge el trabajo atípico que explico Casas en su ponencia “en muchos casos no tiene una regulación clara actual y eso es un problema. De hecho lo que se trata con dicho marco normativo es que se convierte en un trabajo típico y habitual para que pueda ser motor de progreso y economía en cualquier país. De esa manera se dará mayor seguridad jurídica a las empresas y pymes en materia laboral”.
El presidente de esta organización de expertos en relaciones laborales es consciente que mientras que el legislador vuelve a hacer su papel “son los jueces con sus sentencias los que están marcando la pauta en muchas cuestiones claves del derecho del trabajo. Están marcando la pauta tanto a nivel nacional como europeo con graves consecuencias en sentencias donde el TJUE ha llegado a decir que no hemos entendido bien la norma española”.
Sobre la temporalidad señala que “el principal problema que tiene el empresrio es en la confianza de lo que viene por delante. Al no haber un marco laboral claro hay poca confianza y la empresa prefiere tener un sistema flexible a través de la temporalidad. Cuando se cree ese contexto legislativo claro bajarán los índices de temporalidad”. Respecto al despido disciplinario indicó que el marco debería ser más flexible. Junto con el trabajo y salario digno los sindicatos deberían introducir cuestiones de rentabilidad y productividad”.
Buscar consenso para marco común laboral
Para Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT estaba de acuerdo en el Pacto por las Relaciones Laborales que la propia Casas planteó en su intervención “es fundamental sentarse a negociar todas las partes, cuando sobre todo vemos cómo avanzan de rápido las relaciones laborales en este entorno de cambio. Se puede defender la contratación temporal causal y darse cuenta que hay ciertos trabajos que podrían quedar fuera del marco del Estatuto de los Trabajadores”, indicó.
Desde su punto de vista, también es partidaria de un cambio importante amplio en la actual legislación laboral “para así abordar con garantías el futuro de las propias relaciones laborales. El problema que le veo es conseguir ese consenso. Todos deberíamos estar de acuerdo en esas modificaciones”. Antoñanzas en su intervención dejó claro que en los últimos cuatro años no ha habido diálogo social con el Gobierno del PP “tenían la mayoría y no han querido hablar”.
El auge de la economía colaborativa demanda una mesa de trabajo entre todos los implicados para ver como se adapta al marco laboral actual sin traumas
Al igual que De la Fuente, esta sindicalista es partidaria de poner en marcha una mesa de trabajo donde empresarios, asociaciones como Adirelab o ASNALA, sindicatos y la propia administración estuvieran presentes para encontrar el mayor consenso posible “En el caso de la economía colaborativa impulsada por plataformas tecnológicas parece evidente y necesario buscar un punto de encuentro para que este modelo nuevo de economía tenga encaje en el contexto laboral actual sin demasiados traumas”.
A juicio de esta experta “parece evidente que con la última reforma laboral del 2012 se desregularizaron en exceso las relaciones laborales, de tal forma que ante las lagunas generadas por el trabajo del legislador fueron los propios jueces con sus fallos quienes han ido marcando la pauta en muchos momentos”.
Antoñanzas recuerda que las relaciones laborales buscan “negociar y llegar a acuerdos dentro de un ámbito de consenso para que se incrementase la seguridad jurídica de empresarios y trabajadores”.
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