“Quisimos hacer un Estatuto moderno que adaptara la profesión de la abogacía a los nuevos tiempos. Es inadmisible que desde el 2013 esté en el Ministerio de Justicia y no sepamos nada de este documento”, manifestó Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en la presentación del I Congreso de la Asociación de Derecho de Consumo.
Las palabras de Ortega las corroboran muchos abogados que no entienden el parón que existe en el Estatuto General de la Abogacía, norma que debería, consensuada con el Ministerio de Justicia de ayudar a adaptar la profesión de abogado en los nuevos tiempos que corren. En un momento como el actual donde se pretende revisar la publicidad en los despachos de abogados y las normas éticas, parece lógico contar antes con dicho Estatuto General de la Abogacía del que poco se sabe de su futuro.
Al mismo tiempo, Victoria Ortega señaló que “es tiempo de especialización y la abogacía debe conocer mejor sus clientes y el negocio de ellos. El mundo del consumo es complejo y se necesitan abogados formados y especializados”. Y recordó que tanto desde el CGAE como desde diferentes Colegios de Abogados se trabaja ya en el campo del derecho de consumo donde aún los consumidores no conocen bien sus derechos y cómo reclamar
Ortega recordó que desde la reforma de la Ley de Colegios profesionales del 2099 una de las prioridades de los colegios profesionales debe ser la defensa de los intereses de los colegiados y de los propios consumidores “Ahora con la Directiva 7/2017 de 2 de noviembre sobre la resolución extrajudicial de conflictos se abre un campo muy interesante a medio plazo para que las controversias se resuelvan por via extrajudicial”.
En este acto de inauguración, Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo relató que abogados especializados en derecho de consumo y CGAE ya habían batallado juntos por las tasas judiciales “se han suprimido en las personas físicas, aún están en entidades, pymes y ongs” y recordó que también la OCU se había personado como lo hizo el CGAE via recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para frenar los juzgados cláusulas suelo uniprovinciales que “ están colapsados y no funcionan como debieran”
El consumidor debe conocer sus derechos
En este primera jornada las palabras de Francisca Sahuquillo, expresidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios y del periodista y estudioso de las crisis financieras Andreu Misse sirvió para analizar cuál es la situación de la protección de los consumidores en nuestro país. Una protección que ha ido de menos a más aunque los expertos señalan que la descentralización de las competencias en consumo a las CCAA no fue una buena idea.
Sahuquillo, abogada que defendió a los afectados por la colza en los años ochenta, contó parte de la peripecia que vivieron estos afectados por un aceite adulterado no apto para el consumo humano “La Ley General del Consumidores se produce poco después de dicha tragedia y supone desarrollar el artículo 51 de la Constitución que hablaba de la protección de los consumidores”, destacó.
Los afectados por la colza tardaron veinte años en cobrar sus indemnizaciones tras un juicio que duró diecinueve meses arrancando de marzo de 1987 “Las indemnizaciones que se consiguieron fueron superiores a las actuales de los accidentes de tráfico que vienen reflejadas en el baremo de tráfico”. A su juicio ha llegado el momento de que reforzar el tejido asociativo de las organizaciones de consumidores “ muchos despachos de abogados hacen una gran tarea de informar y formar a los consumidores”.
Por su parte, Missé, abogado y periodista, escarbó en la historia y recordó que “España ha sido el país peor parado de la crisis económica del 2008. Desde ese escenario han ido surgiendo escándalos financieros de todo tipo generados por productos complejos impulsados por los bancos de difícil entendimiento. No hay otro país en el mundo con esta problemática financiera en aquel momento”.
Para este experto “ha llegado el momento que el Gobierno defienda los intereses de los consumidores y no solo los de la banca. Al mismo tiempo ha llegado el momento de limitar el poder de los grandes bancos en nuestro país y darse cuenta que las multas en EEUU han llegado a 260.000 millones de euros por 25 millones en nuestro país”.
Sobre la cultura financiera, tema del que ahora se debate y que hay alguna iniciativa para formar a consumidores y bancos, señala que “es bueno que todos la conozcamos pero parece una forma de echar una culpa al consumidor de lo sucedido. No es cierto que tuviera culta. Es mejor que los empleados de los bancos se formen mejor”.
