Los ocho exconsellers encarcelados, con Oriol Junqueras a la cabeza, y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también en prisión, se acogerán este lunes a la llamada «vía Forcadell» para pedir al Tribunal Supremo su libertad provisional. Par ello, argumentarán que han acatado el artículo 155 de la Constitución.
Todos ellos, junto al expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que le acompañan en Bruselas, están imputados bajo la acusación de rebelión, sedición y malversación en relación con su liderazgo en el proceso hacia la declaración unilateral de independencia en Cataluña.
Con ese objetivo han pedido comparecer ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para defender que, desde que la Audiencia Nacional ordenó su prisión provisional sin fianza, se ha aplicado -y ellos han acatado- el artículo 155 de la Constitución, que supuso su cese y la convocatoria de elecciones en Cataluña.
La DUI solo tuvo un valor político
Además, han admitido que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) tuvo sólo valor político y han asumido las vías de diálogo y de negociación dentro de la Constitución, en la línea marcada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien el juez dejó salir de prisión bajo fianza.
Los exconsejeros entienden que ya no hay riesgo de reiteración delictiva, el argumento fundamental por el que fueron enviados a prisión.
En su providencia el juez Pablo Llarena les ha respondido literalmente que «visto que todos ellos solicitan la revisión de su situación personal y que se les reciba declaración, en relación con la misma, se accede a lo interesado y se acuerda citarles para comparecencia«.
Todos ellos están están citado en el supremo a partir de las 9:30 horas.
La asunción del 155 por parte de los imputados también afecta a las elecciones autonómicas, cuya campaña comienza en la medianoche del lunes. En esa campaña quieren participar casi todos los comparecientes, con la excepción de Meritxell Borras y Jordi Cuixart.
Pero el juez no está obligado por ninguna urgencia a adoptar cualquier decisión, dado que la situación personal de los afectados ya ha sido decidida por la juez inicial del caso, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
No existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas
El pasado 9 de noviembre el juez Pablo Llarena decidió dejar en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS, tras una comparecencia en la que afirmaron acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a mantener su actividad política dentro del marco constitucional.
Ante el nuevo escenario procesal abierto al asumir Llarena la causa, las defensas de los exconsellers encarcelados y las de Jordi Sànchez -expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)- y Jordi Cuixart -presidente de Òmnium Cultural- han pedido comparecer en el Supremo para argumentar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas en que Lamela se basó para encarcelarlos.
