El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha procesado a 25 líderes independentistas en la causa del 'procés'./ Confilegal.
Llarena deja sin efecto la Orden Europea de Detención contra Puigdemont para que se le pueda juzgar por todos los delitos
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05/12/2017 11:54
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Actualizado: 05/12/2017 14:38
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El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dejado sin efecto la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente del gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, y 4 exconsejeros –Antonio Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsati– para evitar que, en la aplicación del Convenio Marco, sólo pudieran ser procesados por el delito de malversación de fondos públicos y no por los delitos de rebelión y sedición, como los 8 miembros del ejecutivo que están en España.
Había serias dudas de que la Justicia belga pudiera conceder la entrega de los fugados a España para que fueran investigados por los delitos de rebelión y sedición al regir el «principo de especialidad», que significa que sólo se concedería la entrega con la condición de que se les juzgue por los delitos expresamente autorizados por el país que la concede.
Llarena considera que Puigdemont y los exconsejeros tienen que ser investigados y juzgados por los mismos delitos que los otros, de ahí que haya tomado la orden de suspender la euroorden, lo que supone que el expresidente autonómico catalán puede moverse con libertad por toda la Unión Europea y el mundo, si así lo deseara.
Sin embargo, la orden de búsqueda y captura sigue estando vigente en España, por lo que de poner el pie en nuestro país, Puigdemont y los 4 exconsejeros serían inmediatamente detenidos y conducidos a presencia del magistrado instructor del Supremo.
Tras esta decisión, el magistrado ha dictado una providencia posterior donde puntualiza que en el auto dictado acordaba solo la retirada de las órdenes europeas de detención, pero que debió añadir también la anulación de las órdenes internacionales de arresto.
LO QUE DICE EL AUTO
«Los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes», dice el magistrado en un auto conocido hoy.
«De este modo, el actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco), deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que -de acontecer- dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal, introduciendo una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en ‘peor derecho’ que quienes se encuentran fugados», añade.
El 3 de noviembre de 2017 la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó sendos autos de búsqueda y captura contra Puigdemont y los 4 exconsejeros fugados así como una euroorden.
Al asumir el caso, el magistrado Llarena se convirtió en el único competente del caso, y en uso de esa competencia ha decidido la suspensión de la OEDE.
El magistrado ha tenido en cuenta que, «con posterioridad a la emisión de las órdenes europeas de detención, los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente».
Ese será el momento de su detención.
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