Interior obligado a indemnizar a un funcionario de prisiones agredido por un recluso
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06/12/2017 06:03
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Actualizado: 06/12/2017 00:49
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Las agresiones de los reclusos a los funcionarios de prisiones ya no saldrán gratis a los primeros. CONFILEGAL ha tenido acceso a una sentencia del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 1 de Madrid que ha fallado a favor de un funcionario de prisiones al que la Administración le negaba la indemnización correspondiente tras ser agredido por un recluso.
El despacho Negotia crea jurisprudencia con esta sentencia en el principio jurídico de ‘indemnidad’, negado sistemáticamente al colectivo de funcionarios de prisiones en comparación con los cuerpos de seguridad de policia y Guardia Civil que sí tienen reconocido esas lesiones en su horario de trabajo.
Con esta resolución, los funcionarios de prisiones estarán más protegidos de ahora en adelante. Los hechos tuvieron lugar en el 2014 en el en el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas (Palencia) y este recluso declararse insolvente.
Por su parte, el sindicato de prisiones CSIF valora positivamente esta sentencia aunque espera que tras el protocolo firmado entre la Administración y CSIF y UGT estos hechos “ se cataloguen de accidente laboral y de oficio el propio funcionario pueda tener la defensa jurídica que ahora se costea particularmente”.
En la actualidad la ratio vigilantes y reclusos en nuestras prisiones es de 40 sobre 100 una de las más bajas de la UE, según datos aportados por este propio sindicato a nuestra publicación.
El funcionario, tras sufrir traumatismo cráneo encefálico con dos heridas inciso contusas al intentar reducir a un recluso con arma blanca (trozo de cristal), ganó el juicio por daños y perjuicios. El fallo dictaminaba que el funcionario debía recibir 2.700 euros por lesiones y 2.550 euros por secuelas, un total de 5.250 euros. El condenado fue el recluso, pero al declararse insolvente, el funcionario reclamó la cantidad a la Administración. El Ministerio de Interior recurrió y se negó a pagársela.
“Era a todas luces una decisión injusta” – explica Isabel Palomino, abogada y socia de Negotia, experta en derecho laboral y público, que ha llevado este asunto – “porque en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tras el reconocimiento en sentencia penal de daños en ejercicio de su actividad profesional y la correspondiente cuantía indemnizatoria, ante la insolvencia del responsable de dichos daños, son resarcidos casi inmediatamente por la Administración”.
En cambio, los funcionarios pertenecientes a prisiones, “cuyo riesgo es prácticamente el mismo que sus compañeros, tienen que pelearlo en el Juzgado para que puedan ser resarcidos, pues la Administración no se lo reconoce directamente, con el coste económico y personal añadido”, remacha Palomino.
Hay más casos impunes
Para esta abogada es posible que situaciones como la descrita haya bastantes aún sin resolver y que este fallo judicial pueda aportar luz a los propios funcionarios de justicia en la reivindicación de sus derechos “No es posible que un funcionario público con el servicio que está dando no tenga la cobertura que policía o guardia civil tienen cuando hay daños producidos por terceros en su trabajo”.
Ahora, los tribunales dan la razón al funcionario de prisiones herido en la realización de su trabajo, después de casi tres años de su percance, y obliga a la Administración a abonar dicha indemnización. La sentencia es firme.
Isabel Palomino, abogada y socia de Negotia.
“Se trata del principio general de indemnidad”, explica Palomino. “La lógica de dicho principio es que la sociedad va a estar confiada en que el funcionario que le presta un servicio lo hace con toda la implicación posible, pues cualquier daño le va a ser compensado, ya que lo contrario conllevaría a un empleado público temeroso o irresponsable por miedo a que tenga que costearse él mismo un perjuicio por servir al conjunto de ciudadanos”.
En este caso ha tenido que ser, tras la reclamación pertinente que el afectado a través de Negotia realizó al Ministerio del Interior, los tribunales de Justicia quienes compensen a este trabajador, funcionario de prisiones “ La sentencia es un hito y esperamos que con ella mejoren los derechos de estos profesionales, quizás menos valorados de lo que debieran en nuestra sociedad”, apunta Palomino.
Los hechos se remontan a esa agresión al 14 de junio del 2014 donde recibe la agresión, luego hay un auto de insolvencia donde queda claro que el preso no tiene capacidad económica y puede nuestro cliente reclamar. “El auto de insolvencia en agosto del 2016 y a partir de ahí es cuando se puede reclamar al Ministerio del Interior para que se cubran esas secuelas”.
Desde ese momento y tras un fallido acuerdo amistoso con Interior se interpone una reclamación en marzo del 2017, como requisito ineludible en los pleitos con la Administración donde “ nos dijeron que el tema estaba prescrito. Al mismo tiempo nos comentaban que no había lugar a una responsabilidad patrimonial de la Admon porque había obrado perfectamente. Se trataba de la cobertura de lesiones y secuelas de un funcionario público que realiza un servicio de admon”.
Respecto al funcionario lesionado nos comenta Palomino “que sigue en su puesto pese al problema que surgió. Por el alcance de las lesiones estuvo un tiempo sin trabajar. De hecho acudió a nuestro despacho de abogados para agilizar este asunto del que no veía una solución clara del asunto”.
Para esta abogada el asunto estaba claro “rompía el principio de igualdad con otros colectivos y generaba una injusticia social para este profesional. De ahí que se le pudiera aplicar el proceso de indemnidad antes citado”, subraya. En el fallo se aclara que “tiene derecho a los intereses legales desde la reclamación administrativa que interpuso en marzo de este año”.
Debe actuarse de oficio
En el lado sindical, José Manuel Couzo, portavoz nacional del Sindicato CSIF en prisiones, señalaba que “es un fallo importante que defiende nuestros derechos. Con anterioridad hubo otras sentencias en las que no tuvimos tanta suerte a la hora de demostrar la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración”.
La lectura de este fallo es la necesidad de equiparar a los más de 22.000 funcionarios de prisiones que hay en nuestro país con los cuerpos de Policia y Guardia Civil “ como agentes de autoridad que también lo somos. En estos casos, de momento dependemos de lo que diga un juez. Cuando debería actuar de oficio ante este tipo de situaciones que surgen en nuestras prisiones”.
Couzo señala a CONFILEGAL que a primeros de este año se firmó un protocolo entre CSIF y UGT con la administración para la prevención de agresiones a funcionarios de prisiones. La idea es que se tratase como accidente laboral y buscar, al mismo tiempo, un mecanismo que proteja a estos profesionales “De cara a este 2018 buscaremos la equiparación salarial con los funcionarios de otras CCAA y esperemos que se consiga el reconocimiento de agente de autoridad”.
Para Couzo, el problema que está latente es la falta de efectivos de estos profesionales “Hay unos 60.000 reclusos y unos 24.000 trabajadores, de estos 18.000 hacen el día a dia en nuestras prisiones”, apunta. Este profesional es consciente que hay situaciones similares a la descrita en esta información pendiente de resolver “aunque realmente no es fácil saber qué numero de agresiones hay al año por parte de los reclusos al personal funcionario que están pendientes de ellos”.
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