Javier Íscar capitanea una de las candidaturas favoritas a las elecciones del próximo 13 de diciembre del Colegio de Abogados de Madrid.
El candidato Íscar es un conflicto de intereses permanente para el Colegio de Abogados, según ALA
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08/12/2017 06:15
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Actualizado: 11/12/2017 14:16
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La Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), cuya candidata ea decana del Colegio de Abogados de Madrid es la letrada Luz Elena Jara, califica a su oponente, Javier Íscar, de ser un «conflicto de intereses permanente en perjuicio del Colegio de Abogados de Madrid» (ICAM) en un informe que los estadounidenses calificarían de «investigación de la oposición» en el que analizan cómo le ha beneficiado profesionalmente pertenecer a la Junta de Gobierno saliente como diputado.
Javier Íscar, contactado por Confilegal, rechazó entrar en los pormenores del informe que, previamente, le facilitamos.
«No voy a hacer ningún tipo de comentario sobre su contenido. Se han centrado en el caballo ganador. Son comentarios a la desesperada. La profesión no se merece que entre los candidatos se lancen estos bulos y difamaciones porque dañan a la profesión. Luego nos quejamos de que la gente no participe. ¿Cómo va a participar si nos limitamos a hablar mal de los demás, sin ningún tipo de pruebas», declaró el candidato.
«Es evidente que, como en mes y medio, no han podido quebrar mi confianza, ahora se lanzan a la desesperada. Pero a mí no me afectan sus palabras. Quiero que la gente vaya a votar porque nos jugamos mucho en estas elecciones. Por eso no voy a contestar y a entrar en su juego. Para nada», añadió.
En su informe, que ALA titula jocosamente «¿Es un pájaro?, ¿es un avión?… no, es Javier Íscar», le reprochan al candidato que, después de más de 20 años de ejercicio profesional, sólo «haya 24 sentencias de Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia que lo citan como abogado de alguna de las partes intervinientes», que desde el año 2000 se haya dedicado a «promocionar las bondades del arbitraje» desde la Asociación Europea de Arbitraje y Equidad (AEADE), con la que realiza arbitrajes vinculados a la telefonía móvil y arrendamiento de pisos, y que su pertenencia a la Junta del Gobierno del ICAM le ha ayudado de forma clara en hacer prosperar sus negocios.
De acuerdo con ALA, en 2007 creó la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a una Vivienda (ARRENTA) para «promover el acceso de los ciudadanos a viviendas dignas en régimen de alquiler, la creación de un observatorio del alquiler, asesorar y emitir informes jurídicos y técnicos sobre cuantas cuestiones sean sometidas a su consideración relacionadas con el acceso al alquiler».
Una de las fuentes de financiación de ARRENTA procedían de la generación de «informes, asesoramiento y los derivados de la administración del arbitraje y otros cometidos que le fuera encomendado», dice el artículo 28 de sus estatutos.
Los contratos de arrendamiento y los convenios de sumisión al arbitraje con AEADE generaron numerosos arbitrajes en favor de esta asociación, dicen.
«Lástima que algunos afectados, disconformes con los arbitrajes realizados con AEADE impugnen los laudos obligando a la Justicia a pronunciarse», afirma ALA, citando por su numeración 11 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( 3 de 2104, 3 de 2015, 1 de 2016, 4 de 2017) y una del TSJ de la Comunidad Valenciana (de 2017), «entre otras y por citar sólo las más recientes, anulando los arbitrajes de AEADE con argumentos como el siguiente:»
«‘La Sala concluye que está acreditada una identidad tal de intereses entre la Corte de Arbitraje AEADE y la entidad comercializadora de los contratos de adhesión con cláusula de sumisión al arbitraje (ARRENTA) que asesora y financia -con la aquiescencia de AEADE- a una de las partes intervinientes en el arbitraje -aquella que propone dichos contratos-‘», dice una de las sentencias citadas.
«Falta la imparcialidad objetiva y/o la apariencia de neutralidad de la Corte de Arbitraje con la consiguiente lesión del orden público por el laudo dictado en esas condiciones y, como hemos apuntado, con directa incidencia en la validez misma del convenio arbitral, consentido por una de las partes con clara quiebra del principio de igualdad a la hora de emitir el consentimiento «, señala.
Para cuando las sentencias mencionadas empezaron a pronunciarse, Íscar ya era diputado de la Junta de Gobierno del ICAM. En ese intervalo creó las sociedades Arrenta Gestión (23/2/17); Arrenta Quarto Pilar Correduría de Seguros (17/10/11); Lexhow e-Learning (12/3/15); Quarto Pilar Services & Consulting (1/12/14); Equilaudo (26/10/00); Iscar Abogados (16/10/15); Las Palmeras de Garrucha, en liquidación (24/1/03); y Sociedad Patrimonial de Asesorías de Comercio Europeo, en liquidación (26/1/01).
Todas ellas, excepto las cuatro últimas, están domiciliadas en la misma dirección facilitada al ICAM como domicilio de su despacho profesional.
ALA NO NIEGA EL DERECHO A EMPRENDER
ALA no niega el derecho a emprender de Íscar pero no ven con buenos ojos que el objeto social de las sociedades mencionadas sea el arbitraje y la formación, materias que también prestaba el ICAM mediante su Corte de Arbitraje y Centro de Formación.
«Queda fuera de duda la honradez del candidato -quede esto claro- pero entonces no entendemos por qué razón cuando ALA solicitó de la Junta de Gobierno el 28 de noviembre de 2016 las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno”, recibió la callada como respuesta de la Junta de Gobierno del ICAM .
«Tras recurrir ese silencio de la Junta de Gobierno del ICAM ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y obtener de este organismo (encargado del cumplimiento de la Ley de Transparencia) la resolución de 26 de abril de 2017, que ordenaba al ICAM la entrega de dicha información la Junta de Gobierno acordó recurrir esa resolución para evitar su cumplimiento, desconociendo al día de la fecha esa información», dice ALA.
Esta asociación, además, afirma que Íscar «no oculta en sus conversaciones que la ‘visibilidad’ que le produce estar en la Junta de Gobierno del ICAM le viene bien para sus intereses».
En 2014 se convirió en presidente de la Corte Hispano Marroquí de Arbitraje, que tiene el mismo domicilio social que el resto de las sociedades citadas; ese mismo año cambió la definición de AEADE, que pasó a llamarse Asociación Europea de Arbitraje, manteniendo las mismas siglas.
Esa visibilidad, como miembro de la Junta de Gobierno del ICAM, le facilitó un nuevo cargo: secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).
«El Centro Iberoamericano de Arbitraje CIAR es una institución privada, inscrita en el registro de asociaciones español, como asociación civil sin fines de lucro, formada por 59 socios más dos socios de honor (entre ellos el ICAM), de dieciocho países. Los socios deben tener la condición de ser cámaras y organizaciones empresariales, de comercio e industria u otras análogas, así como los Colegios, Ordenes o Asociaciones de Abogados. En su acta fundacional se establece que la cuota general anual de los socios es de 1.500.- $ americanos. En su web presume de dar servicio a ‘…más de un millón de abogados y empresarios…'», afirma ALA.
«Lo cierto es que el ICAM lleva pagados cientos de miles de euros al CIAR sin que nunca se haya mostrado un acuerdo de Junta de Gobierno que lo justifique, pues el ICAM, como un socio más del CIAR, se debería limitar a abonar la cuota anual. Sin embargo, las cantidades abonadas (entre 30.000.- € y 50.000.- € anuales) superan con mucho la cifra establecida como cuota general anual de sus socios. La razón de este dispendio se desconoce, año tras año la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) viene denunciando esta situación en las Juntas Generales del ICAM, sin que por la Junta de Gobierno se dé una explicación convincente; menos explicación tiene que el domicilio social del CIAR en España sea el del ICAM en C/ Serrano nº 11, que su página web sea pagada por el ICAM, que la línea de teléfono esté contratada por el ICAM y que el contacto del CIAR en España sea una trabajadora del ICAM (María Rózpide) que recibe su sueldo del ICAM, tampoco a esto ha dado ninguna explicación convincente la Junta de Gobierno del ICAM».
«Podríamos añadir que, durante un tiempo y hasta que ALA lo denunció en una Junta General del ICAM, desde la página web del CIAR (pagada por el ICAM) se accedía directamente a la web de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), ¿cuál fue la explicación?: ninguna», añaden.
VIAJES
ALA también aborda la temática de los viajes de CIAR.
¿Quién paga estos viajes? “Es algo sin aclarar todavía”, señalan desde la asociación, que añade que “la última polémica surgió con el realizado entre los días 16 a 19 de octubre para asistir a la III Asamblea del CIAR en San José, Costa Rica. Con tal motivo se desplazaron a Costa Rica Javier Íscar (Secretario General del CIAR), Luis Martí Mingarro (Presidente del CIAR) y María Rózpide (contacto del CIAR en Madrid), nada que objetar a dicho desplazamiento si no fuera porque los gastos de los billetes de avión de los tres (ida y vuelta de Madrid a San José) han supuesto un total de 9.186 euros de los que 4.607 euros corresponden al de Javier Iscar, 3.114 euros al de Luis Martí Mingarro y 915 euros al de María Rózpide”.
«Mientras tanto la Corte de arbitraje del ICAM languidece desde la llegada a la Junta de Gobierno del tándem Gumpert/Íscar; un Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Javier Íscar, es Secretario General de una asociación privada de arbitraje (CIAR) cuyos gastos, personal y medios materiales sufraga el ICAM, además de una cantidad anual que es un 2.000 % superior a la cuota anual que está establecida para los socios del CIAR».
Y prosiguen: «no tenemos tampoco noticia de que Javier Íscar se haya abstenido de participar en los debates de la Junta de Gobierno referidos a CIAR. Todo ello coloca al ICAM, además, en una situación peligrosa pues este trato de favor al CIAR, desde una corporación de derecho público como el ICAM, podría ser visto como una limitación al derecho de competencia desde otras asociaciones o entidades de arbitraje lo que podría acarrear un eventual daño patrimonial al ICAM».
ALA finaliza su «informe de la oposición» con una afirmación que responde a la pregunta que lo encabeza: «¿es un abogado?, ¿es un empresario?, ¿es un experto en arbitraje?… no, es Javier Íscar, un conflicto de intereses permanente en perjuicio del Colegio de Abogados de Madrid».
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