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Julio J. Naveira, nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana

El decano de los abogados de Mataró Julio Naveira (en el centro), elegido presidente del Consell de l'Advocacia
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El decano del Colegio de Abogados de Mataró, Julio J. Naveira, ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana por unanimidad de los 14 decanos de los Colegios de Abogados catalanes y ha afirmado que velará para que «el abogado ejerza su trabajo con toda libertad y sin obstáculos».
Según ha asegurado Naveria en rueda de prensa, en el mandato de un año su objetivo será que los letrados «dispongan de las herramientas necesarias» para ejercer su profesión y así poder «agilizar los juicios».

También ha destacado la necesidad de que los abogados no solo interpreten la ley sino que también se impliquen en la creación de nuevas leyes.

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Naveira toma el relevo del decano de Girona, Carles McCragh, que durante 2017 ha presidido la institución. El Consejo de la Abogacía Catalana está formado por los catorce decanos de los Colegios de Abogados que hay en Cataluña (Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa y Vic) y su propósito es promover de manera conjunta los puntos de interés del ámbito jurídico catalán.

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El Consell escoge anualmente a su nuevo presidente entre los decanos de estos 14 colegios catalanes para que los represente durante un año.

En este 2017, McCragh, ha centrado la actividad de Consejo en la defensa de los derechos sociales, culturales y económicos en los juzgados además de promover el Corredor del Mediterráneo como nexo de unión y cooperación de la abogacía mediterránea.

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McCragh también ha afirmado que su mandato ha sido un poco «agitado» por la situación política en Cataluña.

Ante este comentario, Naveira ha afirmado que los abogados pueden tener su posicionamiento político pero que desde la abogacía institucional deben regirse por «los principios de objetividad y neutralidad» y que el Consejo solo se pronunciarán en caso de «afectación a los derechos de los ciudadanos».

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