10 años después de iniciarse la instrucción, finalmente se celebrará el juicio por el «caso Bloque», centrado sobre una supuesta trama policial en el municipio madrileño de Coslada, al este de la Comunidad de Madrid, y que tiene como imputado pricipal al exjefe de la Policía Local, Ginés Jiménez Buendía y otros 6 policías locales.
Indefectiblemente, si finalmente fueran condenados se verán beneficiados por las dilaciones indebidas del proceso. Porque no deja de ser un escándalo mayúsculo que una instrucción como esta haya durado 10 años.
El proceso tendrá lugar entre el 5 de enero hasta el 23 de marzo en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, en sesiones de martes, miércoles y jueves, como ya se hizo en los casos del ‘pederasta de Ciudad Lineal’ y el ‘Madrid Arena’.
Se reservarán los viernes por si fueran necesarios para celebrar nuevas sesiones.
EXTORSIÓN, COHECHO, AMENAZAS…
El fiscal acusa a Jiménez Buendía de los presuntos delitos de extorsión, cohecho, amenazas condicionales, tenencia ilícita de armas, y blanqueo de capitales.
De este último también acusa como colaboradores a su esposa y a su hijo. A otro policía le acusa de cohecho y del deber de perseguir delitos, y a los otros 5 policías locales de un delito de cohecho impropio a cada uno.
El juez de Instrucción número 21 de Madrid investigaba desde diciembre de 2007 una trama de prostitución de origen rumano a raíz de las denuncias de varias prostitutas que ofrecían sus servicios en un polígono del distrito madrileño de Vicálvaro.
Las pesquisas seguidas por el Grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial revelaron indiciariamente que varios agentes de la Policía local de Coslada extorsionaban a estas prostitutas. Al mismo tiempo, varios empresarios de esta localidad denunciaron el presunto acoso que sufrían por parte del jefe del Cuerpo, Ginés Jiménez Buendía.
La Policía Nacional puso entonces en marcha el caso, por el que fueron detenidos el 8 de mayo de 2008 veinticinco agentes de la Policía Municipal y el jefe de la misma por su posible implicación en la citada red mafiosa. A ellos, junto a varios miembros de los locales, les acusaba de formar una presunta red criminal, conocida como ‘El Bloque’.
Tras casi diez años en instrucción y tres jueces al cargo diferentes, se archivaron las acusaciones contra 19 de ellos, quedando únicamente siete en la causa.
En la actualidad todos los policías locales de Coslada (a excepción del exjefe y de otro policía local al que le concedieron la invalidez permanente) están trabajando y ejerciendo sus funciones.
DEFENSA DEL EXJEFE POLICIAL: «HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE ES INOCENTE»
«Tras casi 10 años de angustia y sufrimiento por parte de Ginés Jiménez Buendía y su familia, colaborando con la Administración de Justicia y trabajando en el esclarecimiento de los hechos, entienden que aunque tengan que pasar por la ‘pena de banquillo’ esperan que por Justicia salgan absueltos de todos las acusaciones puesto que en la causa está suficientemente demostrado la ausencia de los tipos delictivos que el fiscal mantiene», ha explicado el abogado del exjefe policial, Oskar Zein.
El letrado ha negado la implicación de Jiménez Buendía en la trama, desmintiendo las acusaciones de los delitos de cohecho y extorsión. «Así se ha demostrado con innumerable documentación y con las declaraciones en el Juzgado de más de treinta propietarios de locales de hostelería de Coslada», apostilla Zein.
En cuanto a las inspecciones que realizaba la Policía Local de Coslada en los locales, el abogado de la defensa sostiene que se efectuaban «de oficio, por requerimiento de las diversas concejalías del Ayuntamiento y otras por denuncias o llamadas telefónicas de los propios vecinos de Coslada».
Jiménez Buendía también está acusado de tenencia ilícita de armas, y de hecho le fueron incautadas varias. Éstas, según defiende, son «armas históricas, antiguas y siendo piezas de auténtica colección de museo, oxidadas, inutilizadas, inservibles, sin munición fácil de encontrar o fabricar».
«Todas estaban en un ‘armario armero’ y Ginés tenía todas las licencias correspondientes», relata Zein, que considera que la tenencia de esas armas podría suponer «como máximo» una sanción administrativa.
Zein apunta que el delito de blanqueo de capitales por el que se acusa a su patrocinado ha sido archivado en dos ocasiones consecutivas acordando que «de las diligencias de instrucción no se ha podido acreditar por las testificales ni otros datos, que haya obtenido concretamente dinero por alguna actividad delictiva».
«A pesar de ello, el fiscal, de una forma desproporcionada e injusta y probablemente influenciado por el efecto mediático que el ‘Caso Bloque’ tuvo en su día, ha continuado con la acusación», asegura.
Finalmente, el letrado defiende que en la instrucción ha quedado demostrado que ‘El Bloque’ «no existió como un grupo delictivo», sino que se les acusa por delitos «independientes y sin conexión alguna entre ellos».
Esto lo sostiene por la archivación en 2012 del delito de asociación ilícita contra Jiménez Buendía y el resto de policías. En este punto, se remonta al auto donde se declaró el archivo de esa causa: «Su organización jerárquica y estructurada lo es como miembros de la policía que son. Y el reparto de papeles o de actividades se realiza dentro de la organización policial a la que pertenecen, sin que se haya acreditado que se organizaran con una finalidad delictiva».
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según el escrito de acusación del fiscal del caso, Jiménez Buendía «aprovechaba su cargo de agente de autoridad» para «vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en beneficio propio».
En el escrito de la Fiscalía también se afirmaba que el exjefe de la Policía Local de Coslada, «de manera abusiva y arbitraria», quería controlar «por vías de hecho, independientes al cauce marcado por el ordenamiento jurídico» la tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, de actividad o similares.
Por ello, la Fiscalía solicita para Jiménez Buendía las penas de tres años y cinco meses de prisión por extorsiones; cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de amenazas; seis años por un delito de cohecho continuado y multa de 30.000 euros; por el delito de depósito y tenencia ilícita de armas, tres años y ocho meses y por blanqueo de capitales, se solicita la pena de prisión de 6 años y una multa de 100.000 euros. En total, el exjefe de la Policía Local de Coslada se enfrenta a 23 años y seis meses de prisión.
El Ministerio Fiscal solicita también la pena de dos años y ocho meses de prisión para el también policía local de Coslada Carlos M.G. por los delitos de cohecho y omisión del deber de perseguir delitos, ya que según las conclusiones provisionales «durante el año 2008 acudió en diversas ocasiones al Polígono Industrial de Vicálvaro y portando uniforme» para que las prostitutas supieran que era Policía Local. Cuando hablaba con ellas «se jactaba de su amistad con el también acusado Catalin A.». EP.
