La asociación de consumidores Asufín ha pedido a Iberpistas, la concesionaria de la autopista de peaje AP-6, copia de los registros de peaje y matrículas para la demanda colectiva que prepara por los daños y perjuicios causados durante el colapso de dicha vía los días 6 y 7 de enero.
A través de un comunicado, Asufín explica que espera recibir en cinco días naturales copia de los registros de peaje y de las matrículas, así como las grabaciones de entrada y salida de la autopista en todo el tramo Adanero-Villalba de esas fechas.
Cuando obtenga toda la información, Asufín presentará una demanda contra Iberpistas por los daños y perjuicios causados a los más de 3.000 vehículos que quedaron colapsados en dicha vía el pasado fin de semana, reclamación por daños morales pero también por daños emergentes y perjuicios como pérdidas de avión, tren, contratos o cualquier causa demostrable.
Según la asociación, Iberpistas habría incumplido sus obligaciones establecidas en la ley de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
La presidenta de ASUFIN, Patricia Suárez, se muestra prudentemente satisfecha: “Nos parece muy pertinente esta investigación, pero mostramos cautela porque no nos gustaría que la responsabilidad se diluyera”.
Para Suárez la demanda colectiva es el procedimiento adecuado para este tipo de casos: “Tenemos afectados que llegaron a pasar 23 horas atrapados en la AP-6, en una autopista de pago que tiene unas responsabilidades. La reclamación es un derecho y la demanda colectiva es la fórmula más sensata para reclamaciones económicas pequeñas y con más posibilidades de éxito. A nuestro favor tenemos la sentencia del Supremo que consideró que los gestores eran responsables por no adoptar las medidas necesarias ante las previsiones meteorológicas”.
La fiscalía de Madrid investiga los hechos
Además, el Fiscal Jefe de Madrid, Jose Javier Polo, ha ordenado la incoación de diligencias preprocesales para depurar las posibles responsabilidades civiles por los hechos acaecidos entre los días 6 y 7 de enero de 2018 en la AP-6 autopista de peaje y que afectaron a más de 3.000 vehículos.
Con la incoación de las diligencias preprocesales se trata de averiguar si los hechos pudieran ser constitutivos de un ilícito contra los derechos de los consumidores y, en su caso, “ejercitar las acciones judiciales oportunas”.
