El Consejo de Ministros ha acordado este viernes 19 de enero la tramitación urgente de la elaboración y aprobación del anteproyecto de ley que reforma las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procuradorde los tribunales, que posibilitará el ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales, habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones y clarificar el régimen arancelario de los procuradores.
Según ha explicado el Gobierno, este proyecto normativo responde a la necesidad de acomodar la legislación española a la directiva europea del 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, así como dar «una respuesta integral y coherente» a las directrices que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente.
Algo que ya avanzamos en Confilegal, esta semana con la entrevista al presidente de los procuradores de España, Juan Carlos Estevez.
Con esta decisión, el Gobierno implementará la propuesta que presentó ante la Unión Europea para mantener la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador.
El Consejo de Ministro, ha optado por el procedimiento de urgencia, con el fin de dar agilidad a la adecuación de la normativa española.
El proyecto pretende avanzar hacia un nuevo sistema de acceso, la ley eliminará las limitaciones que existen en la actualidad en el ámbito de las sociedades profesionales y permitirá que abogados y procuradores puedan integrarse en una misma entidad, preservando cada uno de ellos sus competencias, responsabilidades y obligaciones.
Por último, el Gobierno ha asegurado que la independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión seguirá estando plenamente garantizada, en todo caso, por el mantenimiento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura.
Durante la tramitación del proyecto se contará entre otros, con los informes y participación del Consejo General de los Procuradores de España y del Consejo General de la Abogacía Española, que se completará con el resto de los informes preceptivos, siendo sometido al dictamen del Consejo de Estado con carácter previo a su aprobación como proyecto de ley.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo ha apuntado que podría convertirse en proyecto de ley y ser remitido a las Cortes en un plazo de dos o tres meses.
