El magistrado titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha concedido el tercer grado penitenciario al principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, que lleva más de once años en prisión.
Castro ha contado con el visto bueno de la Fiscalía. La Administración penitenciaria se ha mostrado en contra.
Su decisión supone que Roca tendrá libertad durante el día pero que deberá regresar a dormir a la prisión de Botafuego, en Algeciras, por la noche.
Según el magistrado, el «avanzado grado de cumplimiento de la pena», de la que cumplirá las tres cuartas partes el próximo 16 de junio, su positiva evolución, la asunción de los delitos cometidos a través del pago de la responsabilidad civil y su arrepentimiento público, son un buen indicativo para su puesta en libertad parcial.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, quienes han apuntado que Roca va a colaborar con la Organización No Gubernamental Cáritas dentro de ese nuevo régimen de semilibertad concedido.
Ese mismo juzgado fue el que concedió el primer permiso penitenciario a Roca en octubre de 2016, que se llevó a cabo en noviembre de ese año; momento desde el que ha disfrutado de varias de estas salidas de la cárcel de varios días de duración.
EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN PRISIÓN
Además, también ha disfrutado de salidas puntuales en régimen de autogobierno, es decir, que ha podido acudir sin vigilancia o custodia policial a juicios en la Audiencia de Málaga, tras lo que ha vuelto a la prisión.
El juez ya resaltó para darle su primer permiso el «excelente» comportamiento en la prisión y que había asumido la actividad delictiva y pedido perdón especialmente a la ciudad de Marbella y sus ciudadanos.
Además, en la concesión de los permisos se ha tenido en cuenta que está haciendo frente a las responsabilidades económicas que se le ha impuesto en los procedimientos judiciales.
De hecho, sus bienes se están vendiendo a través de la página www.ventadebienesmalaya-roca.com.
La Sala de Málaga que ejecuta la sentencia del caso Malaya acordó en su momento la acumulación de varias condenas firmes que ya tenía y la refundición de las penas impuestas, «fijando la pena máxima a cumplir» en 20 años de prisión, que es el máximo legal establecido. EP.
